La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como de Plusvalías, con el fin de adapatar la normativa municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el cobro del tributo en caso de ventas de inmuebles a pérdidas.

Según ha explicado el concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, los consistorios españoles se acogen desde el pasado 9 de noviembre --15 días después de la comunicación de la sentencia-- a un Real Decreto del Gobierno que regula este impuesto durante seis meses.

Por ello, los ayuntamientos están obligados a aprobar antes de ese plazo una ordenanza propia que regule el impuesto de Plusvalías conforme a lo que marca dicho Real Decreto.

El efecto práctico sobre el funcionamiento actual de este impuesto, como ha señalado Herrero, es prácticamente nulo ya que desde noviembre se trabaja ya de tal manera que las operaciones de compraventa en las que el precio de venta sea inferior al de adquisición no se tributan pese a que haya podido incrementar su valor catastral.

Herrero ha detallado que ahora se ha creado una tabla de evolución de los valores por años en la que se penaliza más la venta a corto plazo. Además, ha precisado que existen dos métodos de cálculo distintos y es el propio contribuyente el que puede acogerse al que considere que más le interesa.

El concejal ha recordado que las liquidaciones que se reclamaron antes de la publicación de la sentencia o que no se emitieron quedaron devueltas de oficio por parte del Ayuntamiento, mientras que las liquidaciones que se generaron entre el día que salió el auto (26 de octubre) y la publicación del Real Decreto se "libraron" del pago.

Eso sí, el edil ha asegurado que las contribuciones que se pagaran antes del 26 de octubre no se devuelven ya que están abonadas "con arreglo a la ley".

En cualquier caso, Herrero ha considerado que el Real Decreto y la ordenanza aportan "seguridad jurídica".

Lo que no está tan seguro es el impacto que tendrá esta nueva situación en las arcas municipales, ya que "faltan referencias" si bien se da por hecho que supondrá una merma de ingresos. El concejal socialista ha recordado que ya que el equipo de Gobierno no lo veía "claro" y no sabía como iba a impactar, se optó por la prudencia y en el presupuesto municipal de 2022 han contemplado cero euros de ingresos por este tributo.

Hasta 2021, el Consistorio solía presupuestar en torno a 5,5 millones de euros como ingresos del impuesto de Plusvalías.