El PSOE pide el apoyo de la Diputación para mantener el Serla

D. V.
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El grupo provincial presentará una proposición en el próximo pleno para pedir recursos públicos para este servicio de mediación laboral

El Grupo Provincial Socialista lleva al próximo pleno de la Diputación de Valladolid, previsto para el 24 de febrero, una resolución a favor del mantenimiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), con dotación pública y recursos humanos adecuados.

Según informa el PSOE, en un comunicado recogido por Ical, en la proposición se pide a la Junta que mantenga el servicio de mediación laboral, "con una dotación económica y de recursos humanos adecuada y suficiente, sostenida en su totalidad mediante financiación de la Junta de Castilla y León, bien a través de una de las consejerías, fundación o entidad pública".

El texto de la proposición incide en que se debe "garantizar el ejercicio en toda su extensión de las competencias que le encomienda el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León (ASACL)"

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, denuncia que la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, ha anunciado la disolución del Servicio de Relaciones laborales de Castilla y León, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en eliminar este servicio.

Según describe Ferreira, esto supone "un ataque sin precedentes no solo a las empresas, los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia, sino también contra los municipios que la forman en la medida en la que perjudica a todo el tejido productivo".

"Una forma de entender la política que debe prevalecer desde las instituciones, consistente en acercar posiciones, limar diferencias y procurar amplios consensos que den respuesta al interés común", explica.

Por otro lado, la desaparición del Serla "puede acarrear serios problemas jurídicos para las empresas y personas trabajadoras" y colocaría a Castilla y León "fuera del modelo constitucional de relaciones laborales, con un marco normativo preconstitucional", concluye.