Si se tiene en cuenta que la cifra que el Estado destina cada año a las pensiones (189.834 millones de euros en 2019) es costosísima y deficitaria, ya que se paga con parte del dinero que el Gobierno obtiene mediante la compra de deuda a través del Tesoro Público, la cuestión se agrava aún más al incluir en esta partida las jubilaciones anticipadas, que suponen una cifra extra para la Seguridad Social que actualmente se encuentra en bancarrota con un déficit de 16.793,3 millones de euros a cierre del pasado año.

El titular de Inclusión, Seguridad Social, José Luis Escrivá, se pronunció recientemente señalando que la intención del Ejecutivo es penalizar en mayor medida los retiros anticipados para tratar de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Así, según el ministro, el volumen de jubilaciones voluntarias en 2019 representó el 16% del total y, en los últimos cinco años, se han disparado un 66%.

En este contexto, las negociaciones del Pacto de Toledo cerraron el pasado viernes un acuerdo con unas recomendaciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de la Seguridad Social, tras casi de cinco años de debate, ya que los trabajos para renovar las propuestas se iniciaron en septiembre de 2016.

La Mesa y los Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo acordaron por unanimidad una veintena de nuevas recomendaciones que serán votadas el próximo martes. Entre las principales aportaciones está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales. Además, asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

No obstante, se desconoce aún si el Gobierno se plantea endurecer las condiciones para las jubilaciones anticipadas involuntarias o forzosas, como los casos de despido colectivo o por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas que han aumentado por la crisis económica provocada por la COVID-19.

«España necesita una aproximación mayor entre la edad efectiva de jubilación (64,6 años en la actualidad) y el límite legal (65,8 años en el 2020), que se situará en los 67 años a partir del año 2027».

El 40% de las jubilaciones se producen de forma anticipada. A día de hoy, hay cerca de 650.000 personas que se han jubilado anticipadamente, uno de cada seis lo ha hecho voluntariamente. Una de las razones es que, con frecuencia, la fórmula se usa como mecanismo sustitutivo del desempleo cuando el parado supera los 61 años en el caso de ser despido. 

Por cada año que un trabajador adelanta la fecha de su retiro, se le aplica un recorte de un 6,5% a un 8% sobre la base reguladora. Una medida que, en la práctica, repercute menos en los salarios más altos dado que por su base se traduce en apenas una bajada del 2% sobre la pensión máxima, según los cálculos de la Seguridad Social. 

Por su parte, en los salarios bajos un recorte del 8% en la base reguladora por cada año que le falta para jubilarse implica de forma automática una reducción muy significativa en el cálculo de su pensión. 

Conscientes de que un endurecimiento del régimen de prejubilaciones puede provocar un anuncio perverso, Escrivá avanzó que el cambio se hará de forma gradual, de manera que afecte muy poco a los cotizantes que en los próximos dos o tres años pudieran verse abocados a precipitar su retiro para huir de un mayor gravamen.

Incentivos

Además, la Seguridad Social apuesta por limitar y desincentivar las prejubilaciones y , para ello, recomienda bonificar a los que trabajen más allá de lo fijado -jubilación activa- mediante incentivos «que induzcan a trabajar más en la medida que la salud se lo permite y facilitar medios mixtos que aúnen pensión y trabajo».

El socialista destacó la importancia de que la financiación de los incentivos al empleo no pueda hacerse con cargo a las cotizaciones con el fin de liberar a la Seguridad Social de gastos que no son propios del sistema», explicó.

«Los incentivos pueden generar mayores pensiones, ahorro para el Estado y para las empresas».