Las incertidumbres sembradas la pasada semana por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, sobre la aplicación de las 35 horas semanales para los funcionarios autonómicos sigue sumando capítulos, a la espera de que hoy se reúnan Ejecutivo y sindicatos. Durante la jornada de ayer, Igea reconoció que las dificultades para llevar a cabo la reducción de jornada para los empleados públicos de sanidad no es solo un problema económico, y apuntó también a los problemas que existen para encontrar profesionales sanitarios. De esta forma, aseguró que la aplicación de las 35 horas no puede afectar a la asistencia sanitaria que reciben los pacientes ni al incremento de las listas de espera.
Unas declaraciones que realizó a raíz del anuncio del Gobierno central sobre el desbloqueo en los próximos días de las entregas a cuenta, que supondrá la llegada de financiación adicional a las comunidades, unos 440 millones de euros en el caso de la Comunidad. «Las 35 horas era y es un tema económico, porque estamos mejor con los 440 millones de euros, pero hay problemas que no podemos solucionar con dinero porque no tenemos profesionales en algunas especialidades o el Punto de Atención Continuada en Atención Primaria», subrayó Igea.
No en vano, precisó que los datos que maneja la Consejería de Sanidad sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral supondrá la pérdida de unas 100.000 consultas médicas. «Eso es lista de espera que requiere llevar a cabo un programa para intentar que las 35 horas no afecten a la cobertura asistencial que se presta a los pacientes», añadió.
Durante su intervención Igea aseguró que la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral entre el personal público en Castilla y León es un «compromiso» a lo largo de la legislatura pero advirtió que deberá ser «sostenible». El vicepresidente manifestó que jamás han dicho que es una medida que no se podrá aplicar pero antes habrá que estudiar el modo de implementarlo, no solo en la Función Pública sino también en Educación y, sobre todo, Sanidad. «Hay que ser capaces de negociarlo y plantear pactos de actividad, rendimiento y ver cómo vamos a favorecer la autoconcertación o no», aseveró.
Críticas de PSOE y UGT
Una situación que tiene en pie de guerra a oposición y sindicatos, que ayer volvieron a cargar contra la gestión de la Junta por no aplicar la reducción de jornada. Los socialistas exigieron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «no pase de mañana» la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración de la Comunidad, como firmó con los sindicatos, tras contar con los 440 millones de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central en funciones. La secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, criticó que el «dúo» Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea hayan calificado de «electoralista» el desbloqueo ahora de los fondos a las autonomías por parte del Gobierno central y recordó al primero que suscribió con los sindicatos cinco días antes de las elecciones del 26 de mayo la aplicación de las 35 horas.
«Se han dado golpes en el pecho con los 440 millones y, cuando el Gobierno los desbloquea, se indignan, dicen que es un movimiento electoralista. ¡Hay que tener mucho cuajo!», recalcó Sánchez, que exigió, una vez que el Gobierno habilita una fórmula para el traspaso de los fondos, «inmediatez» a la Junta para que cumpla con el acuerdo de mayo, implante las unidades de radioterapia en todas las provincias y reduzca las listas de espera, informa Ical.
Por su parte, el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, también exigió a la Junta que «respete los acuerdos firmados en su día por el Gobierno del Partido Popular» con respecto a los empleados públicos para que se le aplique la reducción de la jornada laboral a 35 horas, y que «no se escude» en la falta de Presupuestos.
Sin noticias del Gobierno
El Ejecutivo autonómico no ha recibido ninguna notificación desde elMinisterio de Hacienda, ni desde nigún organismo delGobierno de España sobre el abono de los 440 millones de euros de las entregas a cuenta. Tras conocerse este fin de semana que el Ejecutivo en funciones había encontrado una fórmula para abonar a las comunidades las cuantías adeudadas de las entregas a cuenta, 440 millones de euros en el caso de Castilla y León, lo cierto es que en la Consejería de Economía yHacienda siguen sin recibir más información que la que aparece en los medios, según confirmaron a este periódico fuentes de la cartera que dirige Carlos FernándezCarriedo.
De esta forma, el Ejecutivo regional desconoce el plazo en el que el Gobierno de España les abonaría las entregas a cuenta, ni la cuantía que recibirían las arcas de la Comunidad cuando se le transfieran los fondos.