Las réplicas de un terremoto pueden ser más dañinas que el accidente original porque llegan cuando las estructuras ya están debilitadas por el primer impacto. España, sus dirigentes, por ser justos, debería saberlo ahora que se enfrenta a un proceso de reconstrucción a contrarreloj cuya primera escenificación política está siendo desoladora. Pues bien, las réplicas ya están aquí y la primera se llama Nissan. La multinacional japonesa de Yokohama ha confirmado lo que era un secreto a voces desde que la prestigiosa revista Nikkei lo avanzó hace dos semanas: cierra su planta nodriza de Barcelona y todas sus satélites. De la quema se libran las factorías de Ávila y Cantabria (mil empleos entre ambas) porque la primera se está reconvirtiendo en proveedora de Renault y la segunda lo es de la planta de Reino Unido que se convertirá en la única del gigante nipón en Europa.

La decisión se circunscribe en una reestructuración global de la compañía basada en replegarse de Europa para ceder espacio a su aliado francés, Renault, pero encierra tesis del nacionalismo económico que recorre el mundo y que tiene en circunstancias como el Brexit o la administración Trump a sus máximos exponentes, que no los únicos. El cierre de Nissan en Barcelona va a ser una tragedia laboral para una comunidad que lleva años enfangada en el lodazal del secesionismo en lugar de atender a las necesidades de las personas. Ahora es cuestión de tiempo que los capitostes de la escisión y la greña culpen a España de lo sucedido.

El ‘caso Nissan’ debe servir para mantener algunas alarmas conectadas. Renault ya ha jugado a flirtear con la ‘repatriación’ de su producción como vía de recuperación económica y de fortalecimiento futuro. La firma del rombo tiene en Valladolid y Palencia (y cada vez más en Ávila) una implantación nuclear para el mercado laboral de la región, pero también una incidencia directa sobre el sector auxiliar del automóvil en Burgos, capital industrial de la región. La espantada japonesa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió abortar en enero, demuestra que el baño millonario de ayudas -Nissan ha recibido más de 180 millones de dinero público en la última década, según cálculos sindicales- no es garantía de permanencia.  

España, y de forma muy particular la interior, necesita un plan estratégico de la industria que refuerce, modernice y potencie todo aquello que sí garantiza la estabilidad de lo que ya tenemos y pueda establecer sinergias capaces de atraer nuevas inversiones. A saber: un marco fiscal y laboral estable, fiable y competitivo; instalaciones logísticas de primer orden, corredores industriales especializados, buenas infraestructuras, parques tecnológicos en su debido emplazamiento, unidad de acción política en las cosas de comer... Y no. No son esos los principios rectores de la vida parlamentaria. En ningún estrato.