Castilla y León es la autonomía que más sufre la exclusión financiera. Un informe del Banco de España asegura que 371.366 castellanos y leoneses no tienen posibilidad directa de obtener efectivo, lo que supone el 15,6 por ciento de la población, mientras que en España, el dato global es de 1,18 millones de personas en esta situación, el 2,5 por ciento, casi siete veces menos que en la región. La Comunidad es así la «más vulnerable» en el acceso al dinero en efectivo de su población tras el cierre continuado de sucursales en los últimos lustros, que han dejado la cifra en 3.795 oficinas. El dato es muy dramático si se observa la evolución por provincias. Zamora y Ávila encabezan este negativo ránking nacional. El 27,8 por ciento de los zamoranos no cuenta con una entidad bancaria en su localidad para poder acceder al efectivo. O lo que es lo mismo, 47.354 habitantes de la provincia, casi uno de cada tres, debe utilizar un vehículo para salir del municipio y llenarse el bolsillo. Esto supone que a día de hoy se contabilizan 201 localidades con ayuntamiento sin punto de acceso y solo 47 con él. Lo peor, es que el 18,7 por ciento de la población se encuentra en alta vulnerabilidad, es decir, muy alejados de ese acceso económico. De hecho, el Banco de España señala que ambas provincias son las que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros (el 81 y el 85%, respectivamente).
El informe argumenta que esta significativa diferencia con respecto a otras provincias españolas se explica por su menor densidad de población, así como por otros factores, como la «orografía del territorio que han hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles». A esto se suma el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que «ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable».
En Castilla y León, ocho de cada diez municipios, es decir, 1.817, carecen en la actualidad de oficinas y cajeros bancarios, una cifra que, por otro lado, representa el 45 por ciento de todos los que se encuentran en España en esta situación, que suman 4.115 y que son la mitad de los 8.131 de todo el país. El dato habla por sí solo. La Comunidad cuenta con 45 de cada 100 municipios del conjunto nacional en los que no hay cajeros ni entidades bancarias.
La exclusión financiera se ceba con Castilla y León - Foto: FS ICALSi las cifras de Zamora y Ávila destacan a nivel nacional, no son mejores los que llegan por detrás. De hecho, solo la provincia de Valladolid cuenta con porcentajes de un dígito, ya que un 6,5% de su población no cuenta con acceso a este tipo de instrumentos para conseguir efectivo, 33.630 personas, que se asientan en 173 municipios. El porcentaje es similar al de comunidades uniprovinciales, como Navarra o Cantabria (6,3% y 5,4%), pero muy alejadas de los centros económicos del país, donde no superan el uno por ciento, caso de Madrid o Sevilla. Llaman la atención Baleares, Tenerife, Cádiz y Murcia, donde el cien por cien de su población cuenta con acceso a cajeros.
Recomendaciones
El Banco de España explica que la infraestructura tradicional de acceso al efectivo en España «necesita impulsar soluciones alternativas para garantizar el acceso al efectivo ante la previsible reducción de oficinas y cajeros automáticos derivada del incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito». Esta conclusión se divulga en un periodo de consolidación dentro del sector financiero, «que ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable». Ahora, el Banco de España pide implementar otras soluciones, aunque admite que, «por sus limitaciones actuales, no pueden sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales». Entre dichas alternativas, el organismo apuntó a las oficinas móviles, agentes financieros, el uso de las oficinas de Correos y la retirada de efectivo en un establecimiento comercial.
En España, desde 2008, el número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50% y el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20 por el profundo proceso de consolidación del sector. Aún, así la infraestructura existente a finales del pasado año implica que aún hay 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español.