El Consejo de la Función Pública aprobó hoy elevar la indemnización a los empleados públicos de la Junta por uso del automóvil particular en comisión de servicio de 0,19 a 0,23 euros el kilómetro, así como de 0,078 a 0,094 euros para motocicletas, lo que supone subidas del 21,05 por ciento. Esta subida será aprobada por acuerdo del Ejecutivo regional en el próximo Consejo de Gobierno. 

La Consejería de la Presidencia, destacó que con la actualización de este importe por el uso del vehículo particular en comisiones de servicio "se da respuesta al compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León al principio de esta legislatura y a la demanda de los empleados públicos autonómicos". "La medida supone una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo", remarcaron desde el departamento que dirige Jesús Julio Carnero.

Con esta propuesta de la Consejería de la Presidencia, la Junta mejora las indemnizaciones por kilometraje vigentes para los empleados públicos en Castilla y León, hasta ahora coincidentes con las establecidas en el ámbito de la Administración General del Estado, y "se anticipa a la decisión que deba adoptar en este sentido el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el propósito de equipararlas, en su caso, de resultar superiores a la que pueda determinar el Gobierno central".

La Consejería de la Presidencia explicó que teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas de subida de los carburantes, propuso la modificación de los importes referentes a las indemnizaciones que perciben los empleados públicos como gastos de viaje por el uso de vehículo particular en comisión de servicio, que se habían actualizado por última vez en 2007. La propuesta de la Consejería, a través de la Dirección General de la Función Pública, se planteó en la Mesa General de Negociación mantenida con los sindicatos (CSIF, UGT, CCOO y TISCYL).

Este departamento puso de relieve que con la aprobación de este acuerdo, la Junta de Castilla y León supera la media de indemnización por kilometraje establecida en el conjunto de las comunidades autónomas, que se sitúa en 0,22 euros por kilómetro.

El objetivo de la Consejería de la Presidencia es "seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, de acuerdo con los compromisos asumidos en la vigente legislatura".

Además, recordó que todas las administraciones, así como las empresas, están pendientes de la modificación de la normativa sobre el IRPF, puesto que la empleadora tiene que hacer la oportuna retención por el citado impuesto cuando el kilómetro se abone por encima de los 0,19 euros.