Valladolid ha pasado de tener 41 operadores de drones en 2019 a 876 este 2022. Así, a bote pronto, se podría hablar de un bum de las aeronaves no tripuladas. Con la Dirección General de Tráfico usándolos para vigilar las carreteras en Castilla y León; con la Policía Municipal con 14 nuevos pilotos y la adquisición de tres nuevos drones para alcanzar ya los 5; y con el uso de estos aparatos por la Guardia Civil para búsquedas en desapariciones, como la de Esther López en Traspinedo o la del cuerpo del piloto del ultraligero siniestrado en el río Duero en Villamarciel. Y todo ello pese a que la ciudad y gran parte de la provincia se encuentran dentro de un espacio aéreo controlado, CTR (Controlled Traffic Region).
Es la paradoja de Valladolid, con un aeropuerto, el de Villanubla, que cuenta con un área de seguridad que abarca toda la ciudad y que requiere una serie de permisos para poder volar estos aparatos en la capital y en parte de la provincia.
Pero, empecemos por el principio. Entonces, ¿por qué Valladolid ha multiplicado por veinte el número de operadores en apenas tres años? La respuesta la dan desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ya que a partir de enero de 2021 se aplica una normativa europea sobre las aeronaves no tripuladas: «En 2019 y 2020 se aplicaba la normativa nacional RD 1036/2017 (sólo se requería el registro de los operadores profesionales) y a partir del 31 de diciembre del 2020 entró en aplicación la normativa europea (se deben registrar tanto los operadores recreativos como los profesionales), con distintos criterios de registro, por lo que establecer un evolución del número de operadores no resulta demasiado adecuado».
Ya tenemos la respuesta de ese crecimiento (de 2019 a 2020 se pasaron de 41 a 101 operadores; llegando a los 567 el primer año, 2021, en el que se aplicó la normativa europea; y alcanzando los 876 este 2022).
Siguiente cuestión: ¿En cuántas categorías se dividen las operaciones de drones? En tres, abierta, específica y certificada. Como recoge la AESA, la categoría abierta no requiere autorización ni declaración por parte del operador, y se divide a su vez en tres subcategorías A1, A2 y A3. La específica cubre un riesgo medio de las operaciones con drones, y el operador o bien se ajusta a una escenario estándar (en la actualidad nacional) o si la operación requiere requisitos más complejos debe presentar una solicitud de autorización operacional. La certificada engloba las operaciones de mayor riesgo, entre las que se encuentran el transporte de mercancías peligrosas o de personas o el vuelo sobre concentraciones de personas, entre otras. Para ésta, el operador, la aeronave y el piloto deben estar certificados, y se está desarrollando normativa al respecto.
Con las categorías ya aprendidas –la normativa es ciertamente farragosa–, pasamos a la práctica, comprar un dron. «Puedes encontrar alguno de segunda mano que son juguetes, por 40 euros. Los profesionales, a partir de 2.000», explica el piloto Antonio Pereda, de ENG Drone. Para volarlo hay que tener el título de operador –para las subcategorías de abierta, la formación y examen online gratuito es impartido por AESA– y disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio (en abierta empieza a haber ofertas por 30 euros/año; en profesional sube hasta los 190). Tras ello, a través de la web drones.enaire.es se busca dónde se puede volar: «En Valladolid veremos un círculo rojo en toda la ciudad. Como hay un aeropuerto, tiene un área de seguridad y en categoría abierta solo se podría volar sin superar los 20 metros de altura, siempre que se cumplan y se tengan los mismos permisos que en categorías superiores». Esa formación en categoría específica y/o profesional cuesta alrededor de los 400 euros. «En este caso, se podría operar en cualquier zona pero hay que cumplir esos mismos requisitos que en abierta», añade Pereda.
Estos pasan por tener la aprobación de un estudio de la Base Militar de Villanubla. Con ese ok, cada vez que uno quiera volar debe enviar los datos de la operación (localización, altura...) a la base antes de diez días hábiles del vuelo; rellenar un formulario del Ministerio de Interior, que irá a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, en función de donde sea la operación; y un día antes, enviar el Plan de Vuelo a la Torre de Control del aeropuerto. Además, hay que contar con una emisora de banda aérea (unos 300 euros) y un certificado de Radiofonista (online o presencial entre 150 y 200 euros).
Con todo ello, aprobado, se podría volar el dron (si pesa más de 250 gramos con un paracaídas obligatorio) pese a estar en una zona restringida.