La última y enésima embestida del Gobierno de coalición contra una de las principales manifestaciones inmateriales del patrimonio cultural español traspasa esta vez peligrosas líneas rojas. La ley dice que la fiesta de los toros es cultura, pero como a Unidas Podemos no les gusta quedará excluida del catálogo del bono cultural de 400 euros para jóvenes de 18 años. Cuando toca pactar algo de lo que depende su continuidad en el poder, y en este caso como en el de la Ley de Vivienda estaban los Presupuestos Generales en juego, Sánchez cede en aspectos importantes hasta para el perfil de muchos votantes del PSOE, tan taurinos como otros. El problema es que en la marcha atrás practicada en pocas horas, al ministro de Cultura, Miquel Iceta, se le ha olvidado que la Ley 18/2013 impone a los poderes públicos un mandato para la protección de la tauromaquia, como parte de nuestro acervo cultural al ser, en sí misma, una manifestación artística desvinculada de partidos políticos. Atreverse a decidir, modificar o suprimir la cultura de un pueblo según los gustos y preferencias del gobernante de turno o sus socios supone una discriminación tan flagrante que atenta contra el papel gubernamental de garante de libertades y de la legislación vigente.

Quienes vuelven a atacar a los toros obvian que en su afán intervencionista no pueden discriminar la tauromaquia ni impedirla. Al contrario, la ley por la que se declaró Patrimonio Cultural de España obliga a promocionarla. Las corridas de toros forman parte del patrimonio histórico y cultural común de los españoles. Y, al mismo tiempo, constituyen un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos como son el agroalimentario, el medioambiental, el industrial o el turístico, y que en pandemia ha pasado igual de mal o peor que el cine o el teatro.

Dicen que la medida pretende ser una ayuda indirecta a la industria cultural y sus defensores mantienen que puede ser un incentivo que cree hábito en los jóvenes. Está por ver si funciona ese paternalismo estatal porque solo justificar que se copia de Italia y Francia no habilita a prescindir de otras explicaciones. Desde París y Roma reportan que ha servido para incrementar el consumo de manga japonés y jugar a Fortnite. Aquí no se ha aclarado por qué impiden a los jóvenes gastarse esta subvención cultural en lo que ellos quieran, no en lo que se les imponga, pero menos aún que el bono y el voto lleguen sospechosamente a la par, y no se pueda disfrutar a los 17 años o a los 19. Ni los parados o jubilados, por ejemplo. Debates tan azarosamente hurtados como el de la arbitraria asignación de prioridades a la hora de intentar atajar los ingentes problemas de los jóvenes en un país con la mayor tasa de paro juvenil de Europa. O los problemas de la cultura, la de todos, no la que pretenden imponer.