La empleada de una residencia de ancianos de Valladolid capital acusada de apoderarse de más de 221.000 euros de la cuenta de una residente de 81 años, así como una supuesta cómplice que le ayudó en las extracciones, han cerrado un acuerdo con la Fiscalía para asumir condenas de dos años de cárcel la primera y un año y nueve meses la segunda.

El acuerdo consiste en que la primera asume un año y nueve meses por delito continuado de estafa, otres tres meses por hurto y multa de 3.600 euros, mientras que la otra acusada acepta un año y nueve meses por el primer delito y multa de 1.080 euros, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Una vez alcanzado el referido acuerdo en cuanto a las penas, el juicio previsto este viernes contra ambas en la Audiencia Provincial se centrará únicamente en el capítulo indemnizatorio, superior a los 215.000 euros, ya que la aseguradora de la residencia de ancianos discute su condición de responsable civil subsidiaria.

La vista tenía que haberse celebrado el día 14 de enero, aunque entonces el tribunal se vio obligado a suspenderlo tras comunicar la acusada, a través de su letrado, que había dado positivo en covid-19.

La todavía presunta autora, M.A.B., y su supuesta cooperadora, E.O.F., se enfrentaban con carácter provisional a peticiones de siete años de cárcel y de dos años, respectivamente.

Además, la acusación pública solicita a la principal acusada que indemnice a los herederos de la víctima, ya fallecida, en más de 215.00 euros en concepto de las extracciones realizadas de su cuenta bancaria, así como con otra cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, por el valor de unas joyas que, presuntamente, hurtó de casa de la anciana y también con otra cuantía a concretar por las rentas no abonadas por el alquiler de dicho inmueble que acordó con la residente.

De dicha cantidad debería responder, como responsable civil subsidiario, la aseguradora de la residencia de Valladolid sita en la calle Juan de Juni en la que se encontraba la víctima y donde trabajaba M.A.B.S., pues se da la circunstancia de que esta última es hija de la titular del centro residencial. Tal responsabilidad es la que se discutirá en el juicio.

Los hechos se produjeron entre abril de 2017 y noviembre de 2018 y tuvieron por víctima a una anciana de 81 años alojada en la referida residencia, periodo en el que la principal acusada, en su condición de trabajadora del centro y conocedora de la suculenta cuenta bancaria de la víctima, la convenció, presuntamente, con engaños para que solicitara una tarjeta de débito que una vez en su poder comenzó a utilizar para realizar extracciones diarias en cajeros automáticos de la mercantil.

Sueldo de 2.000 euros por extraer 1.000 diarios

Con el fin de evitar dejar rastro, M.A.B. contactó con la otra acusada, persona de su confianza, para que a cambio de una remuneración de 2.000 euros mensuales realizara para ella las extracciones en los cajeros, a razón de 1.000 euros al día, hasta que en noviembre de 2018 entre ambas lograron vaciar la cuenta de la anciana, siempre según la tesis de la acusación pública.

A mayores, la principal acusada también realizó otras adquisiciones, como un aspirador marca Dyson y un vehículo Nissan Juke, amén de diversas obras que realizó en su piso. También se le imputa haber logrado de la anciana que le alquilara su vivienda habitual, una vez que la mujer pasó a la residencia, y no abonarle los 500 euros de renta que tenía comprometidos mensualmente con la arrendadora pues, como así apunta el fiscal, "nunca tuvo intención de pagar".

En la referida vivienda se encontraban varias joyas, titularidad de la anciana, que la acusada vendió en un establecimiento a cambio de 2.150 euros.