La tercera fase de la Operación Ignis por la ‘macroestafa’ de los ataúdes se cierra con otros diez detenidos. Todos fueron arrestados de forma casi simultánea desde primeras horas de la mañana del jueves, en distintos puntos de Valladolid y el viernes al mediodía, tras pasar por el juzgado de guardia, fueron puestos en libertad con cargos. Los diez son empleados, actuales y pasados, de Grupo El Salvador y todos están implicados de modo directo en los teóricos cambiazos de féretros, objeto principal de esta investigación, tal como ha podido confirmar El Día de Valladolid. Así, no serían simples trabajadores que tuviesen conocimiento de las prácticas que, presuntamente, se llevaban a cabo en esta empresa funeraria, sino que eran personas que trabajaban en alguno de los hornos crematorios que tiene la Agencia Funeraria Castellana, bien en el de camino del Cementerio, bien en el situado en el Parque El Salvador, el cementerio privado que tiene a las afueras de Santovenia. Se les imputan los delitos de estafa y de pertenencia a organización criminal.
Los diez habrían participado en alguno de los seis mil supuestos cambiazos que se da por probado que se estuvieron efectuando entre 1995 y 2015, si bien los agentes que llevan el caso siguen analizando la documentación que se intervino el 31 de enero, en la primera fase de la Operación Ignis, en busca de las pruebas que certifiquen sus firmes sospechas de que esas prácticas continuaron casi hasta el mismo día del registro, en 2019.
Estas detenciones forman parte de la tercera fase de una Operación Ignis que continúa abierta para, igual que ha ocurrido con estos diez arrestados, actuar en consecuencia de lo que se vaya averiguando en el análisis de las pruebas obtenidas en los ocho registros, así como de todas las testificales que se hayan podido ir practicando.
Con estas diez, presuntamente son 26 las personas implicadas en esta trama que se destapó hace tres semanas y que mantiene en la cárcel a los líderes de lo que la Policía define como una «organización criminal». La juez del caso decretó el ingreso en prisión incondicional del dueño de la compañía, Ignacio Morchón, mientras que en el caso de sus dos hijos, sí aceptó fijar sendas fianzas con las que eludir la privación de libertad: 800.000 euros en el caso del hijo, Ignacio; y 400.000, en el de la hija, Laura, después de que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 6 aceptase rebajarla a la mitad solo una semana después de su arresto. La joven, de 33 años, era directora-gerente de Tanatorio El Salvador y fue detenida durante una segunda fase de la Operación Ignis en la que se comprobó que, al contrario de lo que pensaban los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), su papel dentro del grupo empresarial familiar «no era secundario», sino que «estaba en la toma de decisiones», detallan las mismas fuentes.
Al resto de los sospechosos se les ha ido dejando en libertad con cargos en el convencimiento de que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Entre ellos está el otro gran protagonista de la Operación Ignis, Justo M.G., el extrabajador que extorsionó a los Morchón cuando se iba a jubilar y que puso en la pista a la Policía de lo que podía estar ocurriendo en los crematorios de El Salvador. Fue en el registro de su vivienda donde los investigadores de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial encontraron 26 cuadernos en los que, de forma manuscrita, Justo fue elaborando un ‘libro de registro’ con todas las incineraciones que se llevaban a cabo y en cuáles había cambio de ataúd; detallaba el día, nombre del fallecido, DNI, fecha y lugar del fallecimiento, la edad y la procedencia del cuerpo. Un archivo que daría fe de 5.308 cambios de cajas en las incineraciones entre 1995 y 2015 (cuando se jubiló) y que también contiene 657 imágenes (450 fotos en negativo, 207 digitales y 44 vídeos) que muestran cadáveres en el crematorio sobre féretros low cost y tapas de cajas.
La Policía tiene ya más de 300 denuncias, más las que se han ido presentando en sede judicial por los distintos despachos de abogados que han constituido plataformas de afectados y que, en algún caso, han llegado a solicitar al Juzgado de Instrucción número 6 que decrete la clausura de los dos crematorios de El Salvador.