El pasado 23 de enero Yolanda Gimeno acudió a su puesto de trabajo en la empresa Konecta, que presenta servicios telefónico de atención al cliente para Vodafone. Lo mismo que hizo durante los últimos 13 años. Ella era una veterana de esta compañía situada en el polígono de San Cristóbal y desde hace tiempo tenía un contrato indefinido.

Pero ese día no iba a ser como los demás. Poco antes de acabar su jornada laboral su coordinadora le comunicó que tenía que bajar al departamento de Administración. Allí le entregaron una carta que comenzaba de la siguiente forma: «Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Dirección de la empresa ha tomado la decisión de dar por extinguida la relación laboral que hasta la fecha le unía con Konecta BTO». Ante su asombro, se acababa de quedar sin trabajo. Y lo peor de todo es que no sabía muy bien por qué.

Se enteró al seguir leyendo: «Hemos podido comprobar que del 15 de agosto de 2019 al 15 de octubre de 2019 usted viene padeciendo numerosas e intermitentes ausencias, aún justificadas, que superan el 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, así como el cinco por ciento de absentismo en los doce meses anteriores».

La empresa hizo valer uno de los artículos más polémicos de la Reforma Laboral aprobada por el PP en 2012, que daba posibilidad a las empresas de tomar estas medidas para combatir el absentismo, aunque las ausencias estuvieran justificadas por causas médicas. Un artículo, el 52 del Estatuto de los Trabajadores, que derogará el Gobierno este martes, tal y como se ha comprometido la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

«Flipé bastante cuando me dieron la carta y cuando me explicaron que era por el artículo 52», recuerda. Gimeno no se lo esperaba porque a ella no le habían avisado de que esto podía pasar y sus superiores parecían estar contentos con su trabajo. Al menos era lo que percibía. «Me dijeron que laboralmente estaban encantados, pero, como cumplía los requisitos de esta ley, el despido era inevitable», señala.

La empleada reconoce que esas ausencias se habían producido. No tenía nada que objetar al respecto. Solo que las necesitaba. Que no eran un capricho. El cartílago de una de sus rodillas estaba desgastado y eso le producía un intenso dolor. Así que el traumatólogo le prescribió un tratamiento de rehabilitación que obligatoriamente tenía que ser por las mañanas. Como su horario laboral era de 9.00 a 18.00 horas, tenía que ausentarse. «Por convenio tenemos 35 horas médicas al año y, como tuve que estar tres semanas con la rehabilitación, gasté 15 de ellas, a razón de una al día», asevera.

En abril tuvo otro incidente relacionado con los vértigos que padece, lo que obligó a estar unas tres semanas de baja. Y luego tuvo que ir al médico y a varios especialistas, lo que hizo que en agosto hubiera agotado las 35 horas del convenio. A partir de ese momento, puede seguir yendo al médico, pero ese tiempo se le descuenta de la nómina. Ella era consciente de ello, pero asumió esa pérdida económica porque era una cuestión de salud. «Yo sabía que me lo descontaban de la nómina, pero no que podían tenerlo en cuenta para despedirme», señala. En octubre llegó otra baja de nueve días, esta vez porque se quedó sin voz. Una herramienta de trabajo fundamental para un teleoperador.

«un palo». El desenlace fue el peor para ella. Una decisión que deja a Gimeno en la calle después de 13 años. «Me encuentro bastante mal anímicamente, he tenido mala suerte porque la derogación de esta ley me ha llegado tarde», dice, aunque ella sospecha que su despido, y otros que ha habido en la empresa por motivos similares, se han acelerado ante la intención del Gobierno de derogar el artículo 52.

El sindicato CGT denunció recientemente que 25 personas han perdido su empleo en Konecta en el último cuatrimestre, más de la mitad de ellas en la última semana de enero por motivos similares a los de Yolanda: bajas acumuladas. La empresa rehusó responder a las preguntas de este periódico.