Una Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabajas Administrativas permitirá «reducir la hipertrofia legislativa» a través de la fundición de más de 1.800 procedimientos estandarizados que existen en la sede de la administración electrónica del Gobierno autonómico. Esta nueva iniciativa se presentó ayer en el Consejo de Gobierno por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que será quien presida la comisión por ser la simplificación administrativa «una de las competencias» que le atribuyó el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante la institución del nuevo Ejecutivo.

El número dos de la Junta reconoció su «enorme satisfacción» por la constitución de la comisión, que estará compuesta por los consejeros de Presidencia, Economía, e Industria, además de por cuatro directores generales relacionados con el ámbito administrativo y por los secretarios generales de Presidencia y Economía. No obstante, el vicepresidente aseguró que la comisión está también abierta a «expertos en materias que puedan tener una aportación relevante», porque la intención de la Junta es que esté «abierta a toda la sociedad».

En cualquier caso, García-Gallardo aseguró que el objetivo principal es «facilitar la competitividad y la actividad económica» en Castilla y León a través de una «administración ágil, eficaz y con menos trabas», una petición que aseguró realizaron inversores y empresarios que «no solo valoran el estado de las infraestructuras o la seguridad jurídica» para realizar sus inversiones en un territorio.

De hecho, el vicepresidente de la Junta señaló que la «hipertrofia legislativa» que, asegura, sufren Castilla y León y el conjunto de España, «es el tercer factor más perjudicial para el crecimiento de las empresas». De ahí la constitución de la comisión para trabajar en la reducción de procedimientos y la mejora de los procesos para «hacer más sencilla la relación con la administración».

Para ello, la comisión se pondrá a trabajar «de inmediato» tras meses de «trabajo informal previo con empresas, instituciones y colectivos», a los que García-Gallardo se comprometió a mandar «cartas» para avanzar en esta «cuestión fundamental para abordar muchas otras, como la despoblación o el movimiento de empresas a otras comunidades». Precisamente, una de las funciones que asumirá serán las recomendaciones de la Unión Europea para que la creación de una empresa en Castilla y León no supere los tres días laborables o que su coste sea inferior a cien euros.