Servicios Sociales pondrá en marcha 4 nuevas residencias

SPC
-

La estrategia 2022-2025 de la Gerencia proyecta que en 2035 Castilla y León tendrá casi un 35 por ciento de sus habitantes por encima de los 65 años

Un grupo de personas mayores sentadas en un parque de Burgos. - Foto: Alberto Rodrigo

El plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León entre 2022 y 2025 contempla la puesta en funcionamiento de nuevas residencias de personas mayores en Ávila, Salamanca y Zamora y un nuevo centro de atención a discapacitados en León. La nueva programación quiere mejorar las prestaciones y apuesta por la digitalización con herramientas informáticas de control en tiempo real de las residencias, trabajadores, internos, uso de sujeciones y cumplimiento de requisitos, así como por la teleasistencia, con cinco millones para adquisición de dispositivos modernos. El texto, recogido por Ical, establece el compromiso de resolver las solicitudes de dependencia en menos de 90 días; crear un sistema de atención a las urgencias sociales, una regulación sobre la concertación social y un plan estratégico de impulso al tercer sector. Asimismo, apuesta por la inserción de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, y por las ayudas frente a la pobreza energética,. Incluye asimismo la puesta en marcha de un programa contra la pobreza infantil, y se compromete a un plan y una ley nuevas contra la violencia doméstica. Por último, se potenciará Crecemos y se ampliará Conciliamos; aumentarán las ayudas a la natalidad y se fomentará la adopción. El plan se estructura en cuatro ejes sectoriales de actuación, sobre mejora general del sistema; autonomía personal y cuidados de larga duración; inclusión y lucha contra la pobreza; y familia y conciliación, con más de un centenar de medidas concretas evaluables. 

El escenario de futuro sobre el que se asienta el nuevo programa no es nada halagüeño para Castilla y León, ya que indica que la población mayor de 65 años para el 2035, será de 752.138 personas, el 34,8%. Pero, aún más destacable que el importante aumento en las cifras de población mayor de 65 años, es el incremento en la de personas octogenarias. Se estima que para 2035 habrá 251.757 personas de 80 y más años, lo que supondrá un 11,6% de la población total y un 33,5% de la población mayor.  

La planificación surge en un contexto marcado por la pandemia, que «ha puesto de manifiesto, la importancia estratégica de disponer de un sistema de servicios sociales eficaz, dinámico y responsable, capaz de ofrecer respuestas solventes a las necesidades de miles de personas que, acuciadas por la situación social, demandan prestaciones, servicios y apoyos».

El plan asume el reto de la «innovación y modernización tecnológica» para incrementar la «calidad» en la atención, «optimizar» los recursos y llegar a todas partes del territorio, «muy especialmente al ámbito rural». Asimismo, recalca que pretende ofrecer «respuestas eficaces» a las nuevas necesidades que aparecen en la sociedad como las derivadas de la soledad de las personas mayores, la que surgen por el incremento de los precios de la energía o aquellas que se centran en los cuidados de larga duración. El Plan se verá impulsado por las aportaciones financieras derivadas de los fondos de la UE junto a las aportaciones de la Comunidad.

Cuatro ejes sobre los que asentar el futuro

El plan se estructura en cuatro ejes sectoriales de actuación, sobre mejora general del sistema; autonomía personal; inclusión; y familia y conciliación. En el primero de ellos, con 27 indicadores de evaluación, está previsto concluir la implantación de la historia social única; y se elaborará un nuevo mapa y guía electrónicos de recursos de servicios sociales. Asimismo, se aprobará un proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad; y se desarrollará un sistema de atención a urgencias sociales. 

El plan incluye en el segundo eje estratégico sobre autonomías personas, con 47 indicadores, la elaboración de un plan de lucha contra la soledad no deseada; y varias herramientas informáticas para conocer en tiempo real los trabajadores; el uso de sujeciones y el cumplimiento de los requisitos en los centros residenciales de atención a mayores y discapacitados. El eje de inclusión social, presenta 18 indicadores y apuesta por reforzar las actuaciones de inclusión de los perceptores de Ingreso Mínimo Vital, con un nuevo plan de integración sociolaboral. Por último, el eje de familia y conciliación, prevé mejorar el acceso al programa Crecemos en zonas rurales; y ampliar los centros de Conciliamos.