El juicio por el ‘caso PGOU’, que investiga presuntas manipulaciones de la cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre 2002 y 2007 en favor de determinados empresarios, se retoma mañana miércoles en la Audiencia Provincial de Valladolid después que en septiembre de 2018, el tribunal de la Sección Cuarta decidiera suspender la vista oral para resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que coincidieron en argumentar la prescripción de los delitos y en la vulneración del derecho a la defensa por no disponer de la documentación completa de toda la causa.

Un mes después, la Audiencia de Valladolid acordó el sobreseimiento del proceso para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos.

El juicio, que arrancará el próximo miércoles y que está previsto que se prolongue hasta el día 31 de octubre, se celebra quince años después de que se produjeran los hechos presuntamente delictivos, la alteración del PGOU antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos.

La Fiscalía vallisoletana mantiene penas de cuatro años de prisión para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

En su resolución de octubre, la Audiencia declaró prescritos los delitos que se les imputaban a los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán Barbado, José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, a los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo.