El certificado energético es un documento obligatorio desde hace nueve años para vender una vivienda, pero en Valladolid solo 43 pisos de los 23.814 que tienen ya esta evaluación llegan a la máxima categoría (A), lo que supone un 0,18% de los revisados. Esta calificación indica cuánta energía consume la casa para funcionar en condiciones normales y, a su vez, acredita el nivel de eficiencia en el consumo energético. De hecho, es la misma que se aplica en los electrodomésticos. Por lo tanto, si la casa es muy eficiente logrará una A, mientras que una mala eficiencia le otorgaría una G. No obstante, la mayoría de las viviendas tienen todavía calificación del tipo F.
Este sello también es obligatorio desde 2021 para todos los edificios que deban pasar la Inspección Técnica (ITE). De este modo, de forma general, si la finca tiene una antigüedad superior a los 30 años, aunque este plazo varía de una comunidad autónoma a otra, necesitará el certificado del edificio para que los propietarios de las viviendas individuales puedan venderlas. En este caso el porcentaje es también muy bajo, ya que de los más de 29.400 registrados en la ciudad solo 211 (el 0,7%) dispone de letra A, la máxima calificación. Además, la estadística muestra que ocho de cada diez edificios residenciales evaluados suspenden en eficiencia energética (certificación E, F y G), según los datos del portal de transparencia de la Junta de Castilla y León.
También deben contar con esta certificación aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo. Esto también implica a los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a 250 metros cuadrados.
Para conseguir esta certificación los expertos habilitados para expedirla deben revisar el aislamiento térmico de la vivienda (ventanas y toldos en caso de que los tenga), el estado de las fachadas y suelos, donde se evalúan los cerramientos del inmueble con el exterior y de las instalaciones de agua y refrigeración. Además, el certificador añadirá en su evaluación posibles cambios con los que mejorar la «nota» de la vivienda.
regulación. El Real Decreto, aprobado en junio de 2021 a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 a cinco años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética. También se establece la obligación de mostrar esta calificación en la publicación de alquiler o en la venta de los edificios.
También promueve la activación de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1,2 millones de viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.
De hecho, se considera que este cambio normativo «será clave» para la promoción y puesta en marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, a través de las actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y modernización de la Administración Pública contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.