"Hay tolerancia de las administraciones ante las okupaciones"

D. V.
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La Cámara de la Propiedad Urbana celebra este martes y miércoles sendas jornadas sobre los cambios legislativos que afectan a los propietarios de viviendas. El presidente, Ignacio Serrano, también critica la limitación de subir el alquiler

Bloques de viviendas de Valladolid.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid celebrará este martes y este miércoles sendas jornadas para abordar la situación del mercado inmobiliario y cómo le afectan los cambios legislativos impulsados recientemente desde el Ejecutivo central.

En estas charlas, que se celebrarán en la sede de la Cámara, ubicada en el número 13 de la plaza de España, se abordarán básicamente tres temas. El primero tiene que ver con la "prohibición" de los desahucios por parte del Gobierno, una norma que, según el presidente de esta entidad, Ignacio Serrano, supone "una tolerancia por parte de las administraciones ante las okupaciones de viviendas", si bien reconoce que este no es el principal problema de los propietarios en Valladolid, tal y como sucede en otras comunidades. Según él, Cataluña y País Vasco.

El miércoles se abordará el segundo tema, que tiene que ver con la limitación impuesta a los propietarios que tienen su vivienda en alquiler a subir la renta solo un dos por ciento, independientemente de que el IPC esté disparado, como sucede en la actualidad. Serrano incide en la pérdida de poder adquisitivo que esto supone para ellos, puesto que otros gastos, como la cuota de la comunidad, sí que están experimentado subidas más pronunciadas.

Ese mismo día también se abordarán otros aspectos fiscales que afectan a los propietarios de pisos y locales.

Serrano incide en que estos cambios están siendo muy lesivos para ellos y apunta que la mayoría de dueños son pequeños propietarios que han conseguido esa vivienda "con mucho esfuerzo", y no grandes tenedores.

Serrano también se opone a una intervención del precio del alquiler para frenar su encarecimiento porque, para él, supone trasladar a los ciudadanos una política de vivienda que debería hacer el Gobierno mediante la ampliación del parque público de viviendas.