Nuevo episodio convulso en el seno del Diálogo Social de Castilla y León en esta legislatura. Tras los encontronazos entre Junta y sindicatos a cuenta de las 35 horas, la firma de importantes acuerdos en el seno del modelo de concertación a principios de año y durante las primeras semanas de la pandemia hacían parecer que las convulsiones se habían acabado. No obstante, la publicación ayer por la mañana en el Bocyl de la línea de ayudas destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por ERTE de fuerza mayor a consecuencia de la crisis ocasionada por la covid-19 ha vuelvo a dañar el Diálogo Social, toda vez que, según los sindicatos y la patronal, la Junta  no había cerrado nada y no les había avisado de su publicación a pesar de haber mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo. Al respecto, Cecale, UGT y CCOO denunciaron «la agresión y el grave incumplimiento de la palabra dada» por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en los acuerdos firmados en el marco del Diálogo Social el pasado 25 de marzo, cuando la Comunidad fue la primera en firmar un Plan de choque que recogía una serie de medidas destinadas a la protección, ante la crisis originada por la covid-19, de trabajadores, autónomos, empresas, familias y personas vulnerables con el objetivo de garantizar la cohesión económica y social de la Comunidad. Precisamente durante las últimas semanas, sindicatos y oposición alertaron del incumpliento de la Junta de los acuerdos  suscritos el 25 de marzo.

Las tres organizaciones criticaron que esa falta de compromiso se ciñe también a los contenidos concretos de dos importantes programas que están en los acuerdos rubricados: el suplemento de los ERTE y las ayudas a autónomos. Por todo ello, los dos sindicatos y la patronal solicitaron al jefe del Ejecutivo, «con carácter de urgencia», una reunión del Consejo del Diálogo Social «para reconducir lo que a todas luces es una agresión, un incumplimiento muy serio y grave de los acuerdos firmados en torno al covid-19», informa Ical.

Tres meses y siete días después, explican, la Junta publicó ayer en el Bocyl las bases que regulan los ayudas a los ERTE por fuerza mayor y las correspondientes a las ayudas a autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria. La sorpresa es mayor, si cabe, exclamaron las tres organizaciones, cuando en la tarde del miércoles, los máximos representantes de CCOO, UGT y Cecale mantuvieron una reunión con la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, en la que «no se llegó a ningún acuerdo ni se informó de la publicación inmediata de dichas bases reguladoras».

Por ello, las tres organizaciones se preguntaron si «son las nuevas formas del nuevo equipo en la Consejería y si desde el Gobierno de la Junta se tiene constancia de estos hechos». También, cuestionaron en un duro comunicado «si este es el respeto que se tiene hacia el Diálogo Social tripartito, que tanto nos representa como Comunidad».

Seña de identidad

En este sentido, recordaron a Fernández Mañueco que el Diálogo Social es una «seña de identidad» de Castilla y León y que «se ha reconocido su valor y su importancia» por todos, también en ámbitos nacionales e internacionales «de indudable prestigio». «Y lo más importante, ha servido como herramienta para la cohesión social de la sociedad castellana y leonesa, especialmente en momentos de crisis económicas difíciles», añadieron.

Las ayudas

Las ayudas a los ERTE publicadas ayer por la Junta priorizarán a las personas con mayor tiempo en situación de expediente de regulación temporal de empleo en su complemento y mantiene el tope de seis millones de euros de gasto acordados en el marco del Diálogo Social, una cantidad que los agentes sociales consideran insuficiente para la magnitud del problema. Pese a ello, la orden supedita las ayudas a las disponibilidades presupuestarias, según informa Ical.

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que avanzó que convocará «cuanto antes» esta línea de ayudas, argumentó que la modificación respecto a lo firmado con agentes sociales se produce porque en el mes de marzo, cuando se firmaron los acuerdos del Diálogo Social, se desconocía el alcance de la crisis originada por la pandemia y aseguró que se cumple el acuerdo con el Diálogo Social, con cuyos representantes aseguró que se ha reunido para avanzarles las bases, algo que ellos negaron en más tarde.

La consejera explicó que esta ayuda, de 7 euros por jornada, será aplicable a las personas que  haya tenido suspendido o reducido su contrato al menos 45 días dentro del período subvencionable que establezca la convocatoria y para su cálculo tendrá un tope de 90 días. Tendrán derecho a la misma aquellos trabajadores que no superen una base de cotización de 1.600 euros , y podrá ser pedida por el trabajador y no por la empresa.

Además, se incluye a trabajadores de empresas de hasta 250 empleados para primar a los trabajadores de las pymes.