La Junta de Castilla y León cumplirá en su «integridad» la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno cuando se apruebe. Así de tajante se mostró ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras la polémica suscitada por las declaraciones del vicepresidente, Juan García Gallardo, que esta semana aseguró en su cuenta de Twitter que:«Tendrán a la Junta enfrente». De esta forma, el también consejero de Economía yHacienda fijó la posición de la Junta y zanjó las críticas vertidas por la oposición y la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que reclamaban al presidente Alfonso Fernández Mañueco que aclarase la postura que tomaría la Junta en este sentido. No obstante, horas más tarde el propio García Gallardo aprovechaba su presencia en un acto para revolverse y reiterar su mensaje pese a lo verbalizado por el portavoz autonómico: «Nos van a tener enfrente». Así, aseguró que utilizarán las «competencias exclusivas» recogidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y en la Constitución para «hacer frente a una normativa con la que no estamos de acuerdo», dijo sin detallar cómo va a hacerlo. «No vamos a tolerar ningún adoctrinamiento ideológico en Castilla y León», añadió el también líder regional de Vox, que tachó de «tragedia social» la práctica del aborto.

Todo ello después de que Fernández Carriedo indicase que no le corresponde «autorizar», ni «desautorizar» a ningún miembro del Gobierno autonómico y señalase que siempre es positivo que las personas expresen sus opiniones. No obstante, criticó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se utilicen cuestiones éticas y morales, como la interrupción del embarazo, de «cortina de humo» para ocultar los problemas «reales» de la sociedad y la «incapacidad» del Ejecutivo central para ofrecer soluciones.

El portavoz reconoció que, por el momento, desconocen el contenido «preciso» de la norma, cuyo anteproyecto analizó este martes el Consejo de Ministros, pero insistió en que la nueva ley, cuando se apruebe por las Cortes Generales, se aplicará en Castilla y León, como ocurre en la actualidad. Además, y ante la insistencia de los periodistas, aseguró que cada partido –PP y Vox– expresará su opinión durante el tramite parlamentario que seguirá el proyecto del ley sobre el aborto.

En cualquier caso, Fernández Carriedo recalcó que la Junta considera que hubiera sido positivo esperar a que el  Constitucional emitiera su sentencia sobre el recurso presentado contra la norma de 2010, con el fin de que el nuevo texto cuente con todas las «garantías constitucionales». Además, señaló que se ha acelerado este proyecto normativo para «evitar que la sociedad hable de lo que verdaderamente le está preocupando».

Asimismo, se pronunció a título personal sobre la necesidad de que las menores de más de 16 años no necesiten autorización parental para abortar. «Sería bueno que se diera la oportunidad a los padres de acompañar a sus hijas en esos momentos complicados y es equivocado que se les excluya», expuso.