Las instituciones acreedoras de Grecia comenzaron hoy en Atenas su cuarta evaluación del periodo postrescate, durante la que tienen previsto analizar el programa de alivios fiscales que anunció el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, a comienzos de septiembre.

Examinarán además la gestión de la cartera de deudas morosas de los bancos, el impacto financiero de la ley que permite a todos los deudores con la Hacienda, la Seguridad Social y los municipios pagar sus deudas en hasta 120 plazos mensuales y el progreso de las privatizaciones.

La visita de  los representantes de la denominada cuadriga -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)-, que durará tres días, forma parte de la supervisión reforzada que incluye controles trimestrales de la economía griega.

Grecia debe generar un superávit primario- que excluye el servicio de la deuda- del 3,5 por ciento del producto interior bruto (PIB) hasta 2022, y las medidas que anunció Mitsotakis suponen una reducción de los ingresos de Estado en 1.230 millones de euros en 2020.

Además, el primer ministro se ha comprometido a no revocar las medidas sociales que aprobó el Gobierno anterior de Alexis Tsipras el pasado mayo, que suponen una reducción anual de los ingresos de Estado de más de 1.000 millones de euros.

El Gobierno y el banco central del país sostienen que los alivios fiscales y las demás reformas favorables al empresariado acelerarán el crecimiento económico en 2020 -2,3 por ciento del PIB según las estimaciones de la CE-  y no excluyen que alcance el 3 por ciento.

Con respecto a la normativa que permite la devolución de créditos en hasta 120 plazos mensuales a algunas instancias estatales, el Gobierno asegura que contribuirá a mejorar la recaudación del Estado.

Los expertos de la cuadriga estudiarán asimismo la situación de las deudas morosas de los bancos, consideradas el principal freno del crecimiento económico, pues totalizaron 81.800 millones de euros (más del 40 por ciento del PIB) a finales de 2018.

Otros asuntos de la supervisión son el progreso de las privatizaciones, que van atrasadas y que el Ejecutivo actual promete acelerar, y la reducción de las deudas del Estado con empresas y personas.