Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, decía mi abuela. Y solía hacerle caso, aunque este año me ha sido imposible. La primavera ha sido tan discreta que el verano se la ha comido y estamos con unos calores que no son habituales, ni siquiera buenos en esta época del año. A pesar de todo, me asomo a diario a la ventana con desconfianza porque estoy seguro de que un día de estos volverá ese fresquito típico de la meseta castellana y nos recordará que aún no ha llegado el verano.
Y en esta primavera loca, los conflictos laborales van aumentando poco a poco, de forma callada y tan solo a falta de una chispa para que estalle la situación y los trabajadores se echen a la calle. El escenario es complicado , también para los empresarios y autónomos, ante la acumulación de factores negativos que afectan a la vida cotidiana de todos. La inflación no se detiene, a pesar de que el Gobierno anunciaba hace muchos meses que era algo coyuntural que no tardaría en caer; los precios energéticos tampoco descienden y las medidas autorizadas por Bruselas no terminan de concretarse y entrar en vigor; los carburantes aguantan en máximos sin importarles que el precio de barril haya bajado o que el Gobierno bonifique 20 céntimos por litro… y todo ello en medio de un debate sobre si los salarios deben ir ligados al incremento del IPC o los trabajadores deben seguir acumulando una pérdida de poder adquisitivo.
Evidentemente, esta visión global tiene muchos matices, muchas aristas, muchos flecos que pueden romper o no la paz social y laboral dependiendo del sector e incluso de la empresa. En cualquier caso, la negociación está abierta en muchas compañías y no será fácil alcanzar acuerdos con tantos frentes abiertos que afectan a las dos partes. Nadie quiere perder, lógicamente, pero sería mucho más beneficioso para todos que buscaran soluciones para pudiera ganar el bien común. Desde luego, eso nos llevaría a un futuro mejor y a una rápida recuperación de la calidad de vida de toda la sociedad, pensionistas, trabajadores, empresarios, autónomos.
En este camino tenemos que remar todos poniendo nuestro granito de arena o dejando de poner chinas en los zapatos de los demás. Y lo digo porque hay sectores que sacan provecho de su necesaria aportación al funcionamiento de la economía o de la vida diaria de los ciudadanos. En este caso me refiero especialmente a los trabajadores de Auvasa, cuyo convenio lleva casi once años caducado y, de momento, no hay buenas perspectivas para que pueda renovarse. Lo primero que pienso sobre ello es que deberían de existir mecanismos para forzar un acuerdo que permita actualizar un convenio colectivo después de tantos años cuando las dos partes en conflicto han sido incapaces de acercar posturas. Ahora bien, lo cierto es que la regulación por la que se rigen los trabajadores de la empresa municipal de autobuses de Valladolid les concede unos 'privilegios' que afectan al interés general de la sociedad.
Vaya por delante que si yo fuera trabajador de Auvasa defendería los derechos que recoge mi convenio. Eso no es criticable porque en su momento alcanzaron un acuerdo con los representantes del Ayuntamiento. Ambas partes firmaron libremente una serie de cláusulas y condiciones, es verdad, pero las sociedades cambian y evolucionan y el transporte público debe hacerlo en el mismo sentido. El inmovilismo en el que se atrinchera la plantilla en este caso es perjudicial para una mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, el hecho de no poder ampliar el horario en algunas líneas por la rigidez del convenio y de los propios trabajadores no es bueno para el Consistorio ni para la ciudad, que se encuentra en un camino hacia una movilidad sostenible para la cual es imprescindible un mayor uso y presencia del transporte público.
Nos esperan meses duros de negociación, pero confío en que no habrá chispa y  llegarán buenos acuerdos para todos.