El 'sólo sí es sí' vale para todas las mujeres en España, menos para las prostitutas. Para ellas, decir "no" significa que serán amenazadas, castigadas físicamente o violadas por sus proxenetas. Todas las mujeres tienen derecho a jornadas de trabajo reguladas o a acudir a los tribunales para defender sus derechos salvo las prostitutas que tienen interminables y penosas jornadas "de trabajo".
En España hay al menos 45.000 mujeres explotadas sexualmente -algunos multiplican la cifra por diez-, un ochenta por ciento víctimas de la trata, más de la mitad menores de edad, algunas de 14 o 15 años, todas en manos de proxenetas y mafias que actúan con una total impunidad. Y, a veces, con la complicidad y el apoyo de quienes deberían perseguir a los delincuentes y liberar a las víctimas. En España hay entre 1.500 y 3.000 lupanares donde se esclaviza a estas mujeres. Y cuesta trabajo pensar porque hay tan poca inspección sobre ellos.
España es el primer país europeo "consumidor" de prostitución y el tercero del mundo. Somos el prostíbulo de Europa. El negocio mueve 18.000 millones de euros al año y eso que es "alegal. La prostitución no está permitida ni prohibida. Solo se persigue cuando hay explotación sexual. Pero a ver qué mujer sola, atada por deudas falsas, ellas y sus familias amenazadas en origen, se atreve a decir que está siendo explotada. También se puede perseguir y sancionar a las mujeres que la ejercen y a los clientes, pero no hay cifras, sobre todo de estos últimos, muchos de ellos jóvenes. Ninguna cifra. Solo una estimación brutal: uno de cada cuatro españoles ha recurrido alguna vez a una prostituta. Tampoco la sanción moral de una sociedad que mira hacia otro lado.
Cualquier forma de prostitución es, además de una grave violación de los derechos humanos, una reducción a la esclavitud. Por eso es una buena noticia que en el Congreso se haya aprobado una proposición de ley presentada por el PSOE y apoyada por PP y Podemos, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas y penarlo con mayor dureza.
Son solo cuatro folios, es decir, una mera declaración de intenciones, y responde más a enfrentamientos con la parte del gobierno de Podemos que a otra cosa. Complementa una ley integral contra la trata, que está en trámite parlamentario. No aborda ni la pornografía, que ni siquiera se cita en el escrito y que está en la esencia del problema, especialmente entre los menores, ni la banalización de la sexualidad, ni los contenidos de alto voltaje erótico en cine y televisión, ni la propia prostitución.
Es cierto que hay un pequeño porcentaje de mujeres que se prostituye voluntariamente y que está al margen de estos circuitos negros de proxenetas. Pero la mayor parte de las mujeres que la ejercen lo hacen porque no tienen otra salida. La mayoría trabajan en polígonos, clubes de alterne, calles céntricas de las ciudades, carreteras y pensiones de mala muerte. No se atreven a hablar, no tienen ayudas. Son invisibles. No tienen ni un solo derecho fundamental. En su entorno crece la droga y la delincuencia. Y ellas son las víctimas de todo este entramado. La mayoría solo quiere un empleo, normalizar su situación y vivir con dignidad.
Organizaciones como APRAMP, Caritas, las Adoratrices, las Hermanas Oblatas y otras muchas están luchando en el barro, en la calle, para ayudar a estas víctimas a salir de esta esclavitud. Deberían ser escuchadas por los legisladores antes de hacer nada. Ojalá que avance esa propuesta de ley en el Parlamento y que tenga apoyos mayoritarios. Pero para luchar contra la prostitución hace falta una lucha desde la raíz: sacar a las mujeres de las calles, ofrecerles un trabajo digno, perseguir de verdad a los proxenetas y a las mafias, educar a los más jóvenes en el respeto a la mujer, eliminar contenidos violentos en internet, una denuncia social contra los puteros -que son los segundos explotadores-, herramientas prácticas para ayudar a estas mujeres y dinero para planes concretos. Y leyes que se cumplan de verdad. Si no lo van a hacer bien, mejor no hagan nada.