Los sindicatos mayoritarios avanzaron hace algunos meses que se avecinaban tiempos más convulsos en las relaciones laborales. Lo hicieron después de que surgieran las primeras empresas que se agarraron a cláusulas que permitían descolgarse del convenio colectivo para no tener que trasladar al salario la desbocada subida del IPC. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Lingotes Especiales.
El salario es uno de los principales puntos de desencuentro entre patronales y sindicatos en el incremento de movilizaciones que se ha dado en las últimas semanas, pero no el único. Los despidos y las condiciones laborales también afectan.
El secretario provincial de UGT, Luis Rivera, asegura que el sector servicios es uno de los que más afectado está por esta situación, por tener trabajadores que sufren «el mayor nivel de precariedad». Por ejemplo, los centros de atención telefónica, que dan trabajo a unos 5.000 teleoperadores en la provincia. Hace una semana que los trabajadores de Konecta fueron a la huelga para reclamar un convenio digno, en especial en lo que se refiere a las condiciones salariales. Estos empleados denuncian el bloqueo de las negociaciones del convenio sectorial estatal desde hace dos años, lo que provoca que desde 2019 tengan el salario congelado, pese a que, según denuncian, el IPC subió un 6,5 por ciento en 2021 y el último dato interanual lo eleva hasta el 8,3 por ciento. También reclaman mejores condiciones para el teletrabajo, ya que aseguran que la empresa considera este sistema «una oportunidad de negocio» con la que ahorrar costes sin compensar suficientemente los gastos domésticos de los trabajadores (electricidad e internet). «Ahora mismo estamos funcionando con un sistema de teletrabajo vinculado a la pandemia, pero eso se ha terminado y ahora hay que negociar un teletrabajo ordinario», asegura Ulises Pérez, delegado de CGT, una formación que ha convocado otra jornada de huelga el 26 de mayo. «Es un sector en el que no quieren subir nada, y les da igual la conflictividad», añade el secretario provincial de UGT.
Acampada reivindicativa contra el "desmantelamiento" de Correos. - Foto: IcalRivera avisa de que los conflictos van a ir en aumento. «Normalmente somos pacíficos, pero esta vez la gente está muy calentita y a lo mejor ya no lo va a ser tanto», señala.
Otro de los conflictos que está vivo actualmente es el de los trabajadores de las estaciones ITV. El comité denunció la «agresión continuada» por parte de la empresa a los trabajadores en las últimas semanas, por lo que el pasado lunes inició unos paros parciales que está previsto que se prolonguen hasta el próximo día 29. «Los trabajadores están pidiendo subidas salariales, la empresa se niega y amenaza con despidos, y la gente ya se ha cansado porque parece que estamos volviendo a tiempos pasados», dice Rivera. La visión de Grupo Itevelesa es muy diferente, tal y como demostró en un comunicado en el que aseguraba que «la presente huelga carece de motivo alguno». Además, señaló que se reserva el derecho a iniciar acciones legales contra los trabajadores.
Otra empresa que atraviesa un momento de conflictividad laboral es Grupo Sesé, una auxiliar de la automoción que se encarga de prestar servicios logísticos a Renault.
Protesta por despidos en la empresa Grupo Sesé. - Foto: CGTHace tres semanas parte de la plantilla se concentró en las puertas de la empresa para denunciar el despido de cinco trabajadores «de manera injusta». Aunque fue el sindicato CGT el convocante, UGT y CCOO se sumaron a esta protesta para reforzar la «unidad de acción» a la que tanta importancia dan desde la representación de los trabajadores. CGT pidió en esta concentración que estos cinco trabajadores sean readmitidos «y evitar que estos hechos vuelvan a suceder en los próximos meses».
En esta misma empresa, en febrero, los sindicatos tuvieron un conflicto con la Dirección porque, según ellos, no quería subir el salario al nivel del IPC, tal y como estaba pactado en el convenio. Las partes no llegaron a un acuerdo en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) y los trabajadores convocaron una jornada de huelga que no se llegó a celebrar, porque alcanzaron el día anterior un acuerdo con la empresa que contemplaba la subida del IPC en dos tramos, uno en ese momento y el otro el 1 de julio.
En Correos también hay cierta tensión laboral que derivó este jueves en una concentración en la plaza de la Rinconada convocada por UGT y CCOO. Una «acampada reivindicativa», frente a la sede de esta empresa en Valladolid, para pedir que se asegure su futuro, tras unos años de deterioro, según los trabajadores. Los sindicatos recogieron firmas de apoyo dentro de una campaña denominada 'Salvemos el servicio postal'. Los próximos días 1, 2 y 3 de junio hay convocada una huelga en este empresa pública por este motivo.
Más conflictos abiertos. Otros de los temas que tiene en pie de guerra a los sindicatos es la recuperación de las 35 horas semanales en los servicios públicos de Valladolid y la negociación de los convenios del personal laboral de la Junta y la Universidad de Valladolid.
El delegado provincial de CCOO, Raúl N. Agudo, confirma el incremento de la conflictividad laboral e insta a las empresas a mover ficha para solucionarlo. «Los precios siguen subiendo y la patronal tiene que asumir la responsabilidad de empezar a pagar lo que toca», señala. En términos generales, CCOO intentará aplicar una subida del 3,5 por ciento en los convenios que hay que negociar este año. Uno de los más importantes en Valladolid es el del comercio general, que afecta a unos 15.000 trabajadores. «También vamos a intentar que se incluyan las cláusulas de revisión salarial para que no haya pérdida de poder adquisitivo», añade Agudo, quien avisa de que van a ser «muy beligerantes» en los próximos meses.
La construcción espera que el nuevo convenio atraiga a profesionales cualificados
Los sindicatos y la patronal de la construcción llegaron hace unos días a un acuerdo sobre el nuevo convenio del sector, que contempla, entre otras medidas, la creación de un plan de pensiones para los trabajadores y un incremento salarial del diez por ciento en tres años: un cuatro por ciento en 2022, un tres por ciento el año que viene y otro tres por ciento en 2024, si bien parte de este incremento irá directamente al plan de pensiones en cada año. El secretario general de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco), Benjamín Hernantes, destaca que este preacuerdo aporta certidumbre. Además, espera que ayude a solucionar los problemas que ha tenido el sector para encontrar mano de obra cualificada. «Puede contribuir a solucionarlo», dice.