La investigación en la Operación Ignis en el tanatorio El Salvador de Valladolid, donde presuntamente se cambiaron unos ataúdes por otros de menor calidad antes de proceder a incineraciones, detectó casi un millón de euros en uno de los registros domiciliarios, en concreto 981.785 euros. Entre los quince detenidos (trece hombres y dos mujeres), que ya han pasado a disposición judicial, una tercera parte corresponde a directivos de la empresa y el resto trabajadores, pero todos ellos relacionados con el entorno mercantil de la firma. Pasarán a disposición judicial lo antes posible, según explicaron ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe superior de Policía, Jorge Zurita. La empresa cometió supuestos delitos de estafa continuada y organización criminal, si bien inicialmente no se incluye el de profanación de cadáveres.
En total, en el marco de la primera fase de la operación, que arrancó el jueves a las 8.00 horas y finalizó “entrada la tarde”, se llevaron a cabo siete registros, dos en las oficinas, donde también se ubican los crematorios, y otros cinco en inmuebles particulares. Además del dinero citado, hallado únicamente en uno de los inmuebles de uno de los ejecutivos, los medios policiales se han incautado de ocho ordenadores, un servidor y un importante volumen de documentación, entre ellos libros de registro. El instituto armado, sin concretar, estimó en “millones de euros” el daño económico de la estafa, según informa Ical.
Dentro de la operación se están investigando hechos producidos desde 1995 a 2015, sobre los que el jefe superior de Policía de Castilla y León, Jorge Zurita, vaticinó nuevas detenciones y más registros al estar en la fase inicial de la investigación. Tampoco descartó que tras el estudio de los cerca de ocho metros cúbicos de documentación incautada se pueda ampliar el periodo de análisis.
Barcones sostuvo que ninguno de los arrestados cuenta con antecedentes y confirmó que la investigación arrancó en 2017 a raíz de una denuncia de la propia empresa contra un extrabajador, ya jubilado, por un intento de chantaje, lo que destapó las sospechas entre los agentes. De hecho, el empleado fue condenado por un delito de extorsión a un año de prisión. “Gracias al excelente trabajo de un operativo compuesto por 76 funcionarios de la Policía Nacional, se ha conseguido desenmascarar a los autores de esta estafa que tocaba la fibra sensible de las personas, en un momento en el que son más vulnerables, al despedirse de un ser querido”, criticó la delegada.
Agravio de los afectados
En este sentido, la delegada entendió el “agravio” de los “miles” de afectados, por un “ultraje” que ya ha causado el malestar de varias personas. Zurita complementó que algunos de ellos ya han mostrado interés en interponer denuncia, según explicó Zurita, quien no obstante pidió prudencia y esperar a los avances y que más adelante se marcarán las pautas de actuación, junto al juzgado y la Fiscalía, para ponerse en contacto con las víctimas de esta estafa. El jefe de la Policía calificó el caso de “complejo en su extensión” y que cuenta con varias piezas policiales abiertas, motivo por el que también agradeció, igual que Barcones, el trabajo de la Agencia Tributaria y la Vigilancia Aduanera.
La delegada no entró al detalle de si las prácticas por las que se investiga a la empresa, el cambio de ataúdes por otros de baja calidad antes de la incineración para revenderlos, implica también a los tanatorios que esta compañía tiene en varios municipios de la provincia o solo la capital y contestó que será la investigación la que lo determine.
Una vez que el Juzgado de Instrucción numero 6 de Valladolid ha levantado el secreto de sumario sobre el caso se ha conocido que esta firma, de 70 trabajadores, también podría haber realizado el mismo modus operandi con las coronas y centros de flores. Igualmente, informaron de que es difícil contabilizar el número de afectados, “pues son muchos años a investigar y muchos documentos y sólo han pasado 24 horas”, declaró Zurita. “La Policía Nacional siempre luchará contra la mala praxis que pretenden incrementar los beneficios de forma fraudulenta”, advirtió.
Por último, Virginia Barcones señaló que el tanatorio continuará con la actividad y el servicio al estar hablando de personas fallecidas y prefirió “no presuponer cómo se han producido las circunstancias”.