Sumar y seguir sumando despropósitos con iniciativas y leyes disparatadas puede ser la demostración de que estamos en manos de un presidente que ha alcanzado las mayores cotas de irresponsabilidad -por eso pasará a la historia, no por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos- … o bien puede tratarse de una estrategia perfectamente diseñada para mantenerse en La Moncloa.
Hay elecciones dentro de siete meses, las expectativas actuales son regulares tirando a mal para el Psoe, y es posible que Pedro Sánchez haya decidido acumular para antes de fin de año todo aquello que causa más desazón, inquietud e indignación, para que cuando llegue el 28 de mayo, y las generales después, hayan quedado superadas o incluso olvidadas las decisiones que indignan incluso a dirigentes de sus propias filas.
Si es asume que estamos ante una irritante estrategia electoral de adelantar lo más incómodo para que dentro de unos meses se considere un mal recuerdo, se entiende entonces que a los indultos, la rebaja o desaparición del delito de sedición y quizá el de malversación, la retirada de competencias de tráfico a la guardia civil en Navarra, la barbaridad social y sanitaria que provocará la ley Trans si se aprueba tal como la ha planteado Irene Montero, más la ley de Libertad Sexual con sus beneficiosas consecuencias para violadores condenados, añada ahora Sánchez la designación de dos ex altos cargos del gobierno socialista como nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales en Moncloa.
Profesionales en lo suyo, pero no dejan de ser cargos politizados y procedentes del gobierno, de inquietante cabida en un órgano como el TC. Aunque es conocido el escaso respeto de Sánchez hacia las instituciones del Estado, que ha ocupado con afines sin que le tiemble un músculo de la cara.
Y eso que Sánchez acusa permanentemente a su principal adversario, el PP, de intentar designar a personas de su cuerda como miembros del CGPJ y del TC; además de acusar al PP de bloquear la renovación de las dos instituciones del Estado por oscuros intereses. Y tan oscuros: tenían razón los dirigentes del PP cuando, además de defender que fueran jueces los que eligieran a jueces, denunciaban que el gobierno pretendía incrustar en esas dos instituciones a absolutamente afines al gobierno y a su partido.
En el entorno de Sánchez suelen decir que su principal objetivo es tomar medidas expeditivas para superar la crisis económica y crear empleo. Lógico. Pero visto lo visto, lo que parece es que primero va a contentar a todos sus socios aprobando leyes que rompen la sociedad española, procurar después que su aplicación pase lo más inadvertida posible para provocar el olvido … y a continuación meterse de lleno en el electoralismo con reparto masivo de subvenciones a los sectores más inclinados a votar al Psoe. Aunque no cuadren las cuentas.