Desde hace décadas habrán escuchado los proyectos existentes para unificar las sedes judiciales de Valladolid, dispersas casi por toda la ciudad, y facilitar los trámites a los ciudadanos a la vez que a los profesionales de la abogacía, la fiscalía y la judicatura. No tendría espacio suficiente para explicarles someramente las ideas, lugares e iniciativas debatidas e incluso aprobadas por el Ayuntamiento y aceptadas por el Ministerio para acabar con esta dispersión, que en muchos casos cuesta miles de euros anuales por el alquiler de locales y edificios. Pues bien, aunque les parezca mentira aún seguimos esperando a que la Administración central se tome en serio a Valladolid y acometa una infraestructura muy necesaria desde hace muchos años y que ya ha costado unos ocho millones de euros a las arcas municipales.
El Congreso de los Diputados acogerá en los próximos días el debate sobre el estado de la nación y sería una buena oportunidad para que el Gobierno explicara las razones de la paralización de este proyecto. Pero no se preocupen, Pedro Sánchez no tendrá tiempo en su discurso para proyectos provinciales como éste y es comprensible, lo que no se entiende es la callada por respuesta que ofrecen desde el Ministerio de Justicia cuando se pregunta, de forma reiterada como ha hecho este periódico, por las razones de una sangrante paralización. Solo queda sospechar que no existen argumentos cuando no se ha hecho nada, a pesar de que el Ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites exigidos, después de que hace más de un año el anterior ministro, Juan Carlos Campo, visitara la ciudad, «donde ha anunciado el inicio de los trámites para abordar las obras del futuro campus de la Justicia de la capital castellano y leonesa» (nota de prensa, abril de 2021). Desde entonces, solo vagas palabras y compromisos vacíos.
Ahora la pelota parece que está en el tejado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que según ha conocido El Día de Valladolid, solicita más informes para firmar una permuta atada que ya recoge todas sus sugerencias. Lo cual no implica que el Ministerio no hubiera podido iniciar la tramitación para el Colegio de El Salvador hace muchos meses, ya que el Ayuntamiento acordó con la Sareb, anterior propietaria del edificio, hacer uso del mismo para avanzar en la redacción del proyecto. En conclusión, el Gobierno central nos está tomando el pelo a los vallisoletanos y no podemos permanecer cruzados de brazos. Habrá que ver las partidas económicas que incluyen en los próximos Presupuestos Generales del Estado para esta obra. Y luego deberemos seguir su ejecución, pero mucho me temo que esto va para largo.
El campus de la Justicia es un sangrante caso de olvido por parte de la Administración central de esta provincia, pero no es el único. El debate sobre el estado de la nación también debería servir para hacer un balance de cómo van las infraestructuras pendientes, algunas de ellas históricas. Todos recordarán las promesas incumplidas con la Autovía del Duero o con la A-60 (Valladolid-León) y no sólo por este Gobierno, todo hay que decirlo. Algunos avances en un par de tramos de la A-11 no pueden dejarnos satisfechos, pues aún el retraso es tan enorme que ni siquiera se puede vislumbrar aún el año en que podremos desplazarnos por autovía desde la capital hasta la Ribera del Duero burgalesa o Soria. La tramitación para el tercer carril de la A-62 avanza demasiado lenta, pero la autovía con León no se ha movido en esta legislatura y, de momento, no tiene pinta de que vaya hacia delante.
Por no hablar solo de lo negativo, hay que citar los pasos de gigante que han dado las inversiones relacionadas con la integración ferroviaria. La reciente aprobación de la playa de mercancias y la estación intermodal que convertirá a Valladolid en un importante nudo logístico permite despejar dudas y vislumbrar unas modernas instalaciones. No obstante, el balance sigue siendo bastante negativo.