El testaferro u 'hombre de paja' del presunto cerebro de la estafa de jamones de la que fueron víctimas hace una década empresas de toda España ha acusado a este último, el empresario murciano José A.N, de utilizar a toxicómanos, entre ellos el propio declarante, para que figuraran como administradores de sus empresas a fin de no figurar en los papeles ni firmar nada y así salir indemne de dicha actividad delictiva.
Así lo ha mantenido este lunes Diego L.G, la persona que, según ha confesado en el juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid, no se pensó ni un segundo el ofrecimiento que José A.N. le hizo en su día para que desde el 19 de diciembre de 2011 figurara como administrador de Dismarianga SLU, con sede en la capital, debido a su grave adicción a la cocaína, la misma que le ha llevado a cumplir importantes condenas por tráfico de drogas en varios países de Sudamérica.
Precisamente, llegado preso desde Argentina gracias al proceso de extradición concedido, Diego L.G. ha pactado una sustancial rebaja en su condena, de cinco años y medio a tan solo un año y cinco meses por delito continuado de estafa, con las atenuantes de arrepentimiento, confesión y dilaciones indebidas, a cambio de declarar contra su exjefe, José A.N, a quien ha atribuido la confección de la trama con la que logró estafar casi medio millón de euros a distintos proveedores de mercancía, la mayoría de productos cárnicos.
"El señor José era el cerebro. Nunca firma nada, no deja huella, para eso tiene a otras personas, yo entre ellas. Soy culpable dos veces, por tonto, por haberme dejado engañar para estafar a gente honrada, y por caer en la droga", ha lamentado Diego L.G, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que él no sabía nada de sociedades limitadas ni nada de empresas y que se limitaba a ir al notario para firmar y contactar con proveedores, por indicación de su compañero de banquillo, con el único objetivo de hacerse con un dinero para sufragar su adicción.
Diego ha reiterado que el empresario murciano no sólo le utilizó a él como mero instrumento sino también a otros toxicómanos. "Hemos sido víctimas elegidas", ha censurado el acusado, quien el 13 de marzo de 2012 se presentó en la comisaría de la Policía Nacional en Murcia para denunciar los hechos y contar que los proveedores no cesaban de llamarle para reclamarle el pago de las mercancías. "El señor José es muy conocido en el mundo de la estafa, de hecho cuando fui a denunciar la policía ya tenía fotos de él", ha recordado.
El presente proceso juicial ha atravesado numerosas vicisutes en forma de suspensiones y conformidades, ya que otros dos de los implicados, Antonio Mariano G.H. y José Javier C.G, ya pactaron en su día sus respectivas condenas de dos años de cárcel, mientras que el hijo del principal inculpado, Julián A.T, permanece en paradero desconocido.
Su progenitor, José A.N, ha mantenido su inocencia y se ha desmarcado de las operaciones de compra de material de Dismarianga, una mercantil con la que, como así ha apuntado, nunca ha tenido nada que ver, al tiempo que ha acusado a Diego L.G. de montar su "habitual papelito de drogodependiente".
"UN MENTIROSO COMPULSIVO"
El presunto cabecilla de la trama, quien se expone a una condena de siete años de cárcel, ha reconocido haber transferido a Diego distintas empresas al comunicarle éste su intención de montar un restaurante y ha especificado que la enemistad entre ambos surgió cuando descubrió que una finca que le había alquilado a él y un colombiano la estaban utilizando ambos para asuntos de droga.
"Diego es un mentiroso compulsivo. El y su amigo estaban escondiendo cocaína entre la escayola y el tejado de la casa que les había alquilado y por eso tuve que denunciarles ante la Guardia Civil", ha sostenido José A.N. para explicar el por qué de la animadversión hacia su persona por parte de la principal prueba cargo presentada ahora en el juicio por la fiscal del caso.
La acusadora mantiene que los acusados abonaban inicialmente los pedidos para así ganarse la confianza de sus víctimas y a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.
Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.