El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a sentarse para que haya un pacto por la sanidad en Castilla y León, pero no lo hará a cualquier precio, y menos para «blanquear recortes y la privatización del Gobierno actual». Tampoco quiere más papel mojado, sino un acuerdo que llegue a las Cortes de Castilla y León y que sea un documento que de verdad apueste por una sanidad pública, gratuita y universal, alejada de cualquier atisbo de privatización y que respete los derechos de los pacientes, de las mujeres y de los profesionales que la sustentan.

Sus condiciones se recogen en los 30 puntos de la moción que defenderán en el pleno de las Cortes de esta próxima semana, 21 y 22 de marzo, y que exigen que sea apoyada por el Grupo Popular para que comience a andar un pacto que garantice el futuro de uno de los bienes más preciados de la población. Sus propuestas se resumen en blindar por ley la sanidad pública y cerrar la puerta a cualquier política de recortes y de privatización, y a cualquier paso que suponga apartar la prestación de los pueblos, según el documento consultado por Ical.

Una de las principales reivindicaciones pasa por un fondo de 250 millones para la recuperación de la sanidad, algo que ya se incluyó en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, así como aprobar un plan estratégico de la Atención Primaria de Castilla y León 2023-2030, con el foco puesto en el medio rural, donde quieren que la prestación sea, como mínimo, la misma que antes de la pandemia, y lleguen más pediatras para garantizar un mínimo de tres consultas semanales en la zona básica de salud. En este punto, también reclaman fijar los puestos de difícil cobertura, para marcar incentivos que permitan cubrir las plazas que siempre se quedan vacías, muchas de ellas en zonas limítrofes y alejadas de las grandes ciudades.

Frente a la política actual de peonadas para rebajar las listas de espera, y los pluses en las consultas de Primaria para recortar las demoras, el PSOE propone un plan de choque con recursos propios y crear equipos quirúrgicos y de especialistas en turnos permanentes que sirvan para rebajar las demoras en operaciones y pruebas. En Atención Primaria, marca la «lista de espera cero» para que ninguna persona tenga que esperar más de 48 horas.

Derecho a abortar

El Grupo Socialista defiende despejar cualquier duda que pueda menoscabar los derechos de las mujeres de Castilla y León, y exige compromiso explícito que descarte cualquier medida o protocolo dirigido a orientar, condicionar o coaccionar a las mujeres que han decidido interrumpir voluntariamente el embarazo. También, pide que en el plazo de tres meses se incorpore la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios públicos, de modo que se garantice en el hospital de referencia de la mujer, y que en este tiempo todos tengan actualizados los registros de objetores de conciencia.