Los trabajadores de unas dos mil ochocientas empresas de Castilla y León tienen una cita con las urnas para renovar a 9.000 delegados sindicales que están integrados dentro de estas sociedades cuatro años después de los últimos comicios. Todo ello se producirá durante los próximos quince meses, toda vez que el 31 de diciembre de 2023 es la fecha límite para que se acometan los procesos electorales. Un año importante para los sindicatos autonómicos, ya que se juegan su representación en más de la mitad de las 5.017 empresas de Castilla y León que realizan votaciones en los centros de trabajo.
No obstante, hay más de 5.500 sociedades autonómicas que, a pesar de tener la posibilidad legal de contar con representación sindical en sus centros de trabajo, carecen de ella, tal y como reconoció ayer la secretaria de Organización de CCOO en Castilla y León, Sheila Mateos. En una rueda de prensa para presentar la acción del sindicato de cara a los procesos electorales, señaló que CCOO presentará a 6.186 delegados, dato que ha crecido en los últimos cuatro años, sin tener en cuenta el año de la pandemia por la paralización de los procesos sindicales al no poder acudir a los centros de trabajo.
Aclaró que se ha incrementado la representación cada curso, tanto de Comisiones Obreras como de otras organizaciones, y puso en valor que se ha aumentado la representación en 985 empresas de la Comunidad, lo que equivale a un total de 1.924 delegados, de los que casi la mitad pertenecen al sindicato que comanda en la región Vicente Andrés.
Mateos afirmó de esta forma que, en la Comunidad, la mayoría de las empresas son pequeñas y no cuentan con un gran número de trabajadores, al abundar las micropymes o pequeños autónomos con dos o tres empleados, por lo que implica que «no tengan capacidad a poseer representación sindical, lo que hace más difícil defender sus derechos». No obstante, aseguró que llegan a todas aquellas empresas de más de diez trabajadores, porque «se crece en todas ellas» y los 6.186 delegados de CCOO confirman y demuestran la eficacia de los sindicatos.
Un aseveración que aprovechó para arremeter contra la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo. «Tenemos un Gobierno de extremaderecha que, con sus mensajes de odio y sus políticas de recortes, tratan de acabar con el movimiento obrero y el sindicalismo de clase. No se dan cuenta de que somos la clave para proteger a las personas trabajadoras de sus patronos », lamentó Mateos.
En ese sentido, dejó claro que los sindicatos solo cobran una «ínfima parte de subvenciones» que recibe en base a su número de delegados, al ser una cantidad que figura en los Presupuestos Generales del Estado. Puso como ejemplo que, en el caso de CCOO, a nivel confederal se tiene una cifra global de presupuestos en torno a los 185 millones, de los que 160 proceden de recursos propios (135 de los afiliados y más de 20 del asesoramiento jurídico de ajenos al sindicato).