El procurador del Común, Tomás Quintana, presentó ante las Cortes su informe de 2020 marcado por el impacto de la covid-19 y destacó que que desde el primer día en que, a mediados de marzo, se oficializó la existencia de la pandemia se asumió la idea de que formaba parte de su responsabilidad prestar a sus conciudadanos, «con la máxima entrega», toda la ayuda posible.
Por ello, la institución pasó a compartir el desasosiego que produjo la primera ola de contagios a partir de las quejas recibidas o actuando de oficio. Así, de las 6.248 quejas recibidas el año pasado, 1.766 estaban relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el virus, lo que representa el 28,27 por ciento. En lo referente a las actuaciones de oficio, de las 94 iniciadas 41 lo han sido sobre cuestiones relativas a la pandemia, lo que representa el 43,62 por ciento.
Entre otras dificultades planteadas por la irrupción de la covid-19, Quintana destacó las carencias de medios de protección frente al contagio de personas en primera línea de lucha frente a la pandemia; los inconvenientes del drástico confinamiento para los alumnos o los problemas en residencias de mayores, que «han puesto en tela juicio la capacidad del modelo residencial».
No obstante, también resaltó que otra gran parte de sus actuaciones en materia de sanidad se refirió a «problemas crónicos» del sistema, «sobre los cuales se proyectó la pandemia sufrida, agravándolos». En este sentido, mencionó las quejas sobre la asistencia sanitaria en el medio rural, en particular, motivadas por el cierre de los consultorios locales durante el periodo de confinamiento y, sobre todo, por la falta de reapertura posterior.
Otro de los «problemas endémicos» de la sanidad en Castilla y León, apuntó Quintana, son las listas de espera, que «también se agravaron como un efecto más de la crisis provocada por la covid-19 debido a la suspensión durante meses de una gran parte de la actividad prestacional». Entendido durante el primer confinamiento, tras él se recibieron quejas demandando la reanudación de las prestaciones sanitarias.
Desconsideración
Por otro lado, el Procurador del Común mostró «una vez más» su preocupación por que 39 de sus resoluciones -el 5,61 por ciento de las 695 emitidas-, no hayan tenido respuesta por parte de las administraciones, lo cual considera una «desconsideración» tanto hacia la institución como hacia los ciudadanos.
Asimismo, reparó en que los entes locales y, en particular, los más pequeños, son más renuentes a aceptar las resoluciones de la institución, incluso a colaborar con el Procurador del Común mediante la emisión de los informes solicitados, una deficiencia que Quintana atribuyó a la ausencia de secretarios.