Después de toda una vida profesional dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, la abogada vallisoletana Rebeca de Miguel asumió hace dos años la gestión de la nueva delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la provincia. Con 45 años, está especializada en el derecho de consumo y compagina esta actividad con su trabajo en el despacho de abogados Ézaro, donde es socia directora del área civil y de consumo. Se declara una amante de Castilla y León, después de ejercer su profesión en varios pueblos de la Comunidad, y reivindica el trato cara a cara con los consumidores, frente a una digitalización que se impone en las relaciones humanas.

OCU eligió Valladolid hace dos años para abrir la quinta delegación provincial en España. ¿Por qué se decantó por esta provincia?

Primero fue en Sevilla, después en País Vasco, Valencia, Aragón y Valladolid. Las delegaciones han funcionado bien porque los consumidores quieren ser atendidos por personas, no por los contestadores automáticos. Y la digitalización se está imponiendo cada vez más. Nosotros estamos de acuerdo con ella, pero con una alfabetización previa. Si eso no existe, tiene que haber una persona que atienda.

¿Cuántos socios tiene la OCU en Castilla y León y Valladolid?

En la provincia, casi 3.000; y en Castilla y León, unos 12.700. Antes eran, sobre todo, gente mayor, pero eso ha cambiado y ahora hay socios de todas las edades porque todos tenemos problemas para ejercitar nuestros derechos. En todos los casos tenemos un alto porcentaje de soluciones extrajudiciales a los conflictos.

¿Hay un perfil de reclamación diferente en función de los tramos de edad?

Sí, porque los hábitos de consumo son diferentes. Entre los jóvenes son habituales las estafas por compras por Internet, un tema bastante preocupante. Hoy mismo (por el pasado miércoles) ha entrado un caso de phishing con una estafa de 2.400 euros. También piden consejo sobre las condiciones que ofrecen las entidades en préstamos hipotecarios. Los mayores, y también los jóvenes, también preguntan por la factura de la luz. Nadie entiende los conceptos. Es un lío absoluto. En este sentido, en febrero y marzo hemos tenido quejas de muchas personas mayores que han cerrado las casas de los pueblos porque costaba calentarlas y se han venido a la ciudad a vivir con los hijos. Y, pese a ello, han recibido facturas muy altas. También se quejan mucho las comunidades de propietarios por lo que están pagando por la calefacción.

¿Tienen un contacto fluido con las administraciones?

Tenemos una relación extraordinaria con la Dirección General de Consumo y Comercio de la Junta. Siempre tiene las puertas abiertas, atienden nuestras consultas y nos cede sus instalaciones para dar charlas sobre temas relevantes, como las comisiones bancarias abusivas y el cártel de coches. Nuestra labor informativa es crucial porque hay reclamaciones que están abiertas a la vía judicial y los consumidores no se enteran si no se lo contamos.

Durante la presentación de la delegación usted dijo que la OCU  es una herramienta para luchar contra la «usura» y «abusos» de algunos oligopolios. ¿A quién se refería?

Por ejemplo, tenemos una campaña abierta sobre las tarjetas revolving, con miles de españoles afectados por intereses desmesurados desde hace años. Estamos consiguiendo que se devuelvan cantidades muy altas. Es una barbaridad el abuso y la usura que cometen las entidades bancarias.

¿Durante la pandemia se produjeron reclamaciones relacionadas con las restricciones impuestas por el estado de alarma?

Algunas relacionadas con cancelaciones de vuelos por el coronavirus, así como banquetes de bodas y comuniones. En el primer caso, todo se ha solucionado bien.

¿Cuáles son las reclamaciones más habituales de los vallisoletanos?

Antes de la crisis energética, las relacionadas con la telefonía móvil. Cambios de compañía, permanencias, devolución de aparatos... Ahora son mayoría las relacionadas con la factura de la luz. Esto es cambiante, aunque las de telefonía y los bancos siempre están ahí.

¿De qué modo puede ser útil la OCU para los ciudadanos en un momento como el actual, con una inflación disparada y una cesta de la compra tan cara?

Estamos constantemente pidiendo a las autoridades que se emita el cheque de alimentos de 200 euros para familias que ingresen menos de 27.000 euros. Incluso queremos que se dulcifiquen esas condiciones. También pedimos constantemente a todas las personas físicas y jurídicas que intervienen en la cadena alimentaria que rebajen precios porque al final el mayor afectado es el consumidor. El hábito de consumo de los vallisoletanos ha cambiado mucho. Han dejado de comprar productos frescos para adquirir congelados y de marcas blancas.

Estamos muy cerca de las elecciones municipales. ¿Qué pide la OCU a los candidatos de los distintos partidos?

Hemos hecho una lista que les vamos a trasladar. Una de las cosas que pedimos es que las organizaciones de consumidores con mayor representatividad, como es la OCU, tengan representación en los órganos consultivos. Tenemos que estar ahí.  En los ayuntamiento, en las diputaciones... en todos los sitios. Por otro lado, y como cada vez hay más vallisoletanos que tienen problemas de salud mental, pedimos más plazas PIR (psicólogo interino residente) por habitante. También queremos que se mejore el etiquetado de los productos para favorecer el consumo responsable. Tenemos letras de  1,5 milímietros que son imposibles de leer. Queremos que se aumente el tamaño. También pedimos más electrolineras. Nos están metiendo por los ojos los coches eléctricos, pero si no podemos hacer un viaje con ellos...