Hay personas, instituciones e incluso administraciones públicas que prefieren negar la realidad porque piensan que así va a desaparecer el problema. Esta táctica tan torpe casi nunca da buen resultado, pues lo que sucede habitualmente es que el asunto se va complicando y haciéndose aún más grande y difícil de resolver. El paso del tiempo no suele servir para cicatrizar la herida si antes no se ha frenado la hemorragia y se ha limpiado bien la zona, así que primero hay que afrontar el problema con decisión y después ya esperar a que haga efecto la medicina aplicada.
Esto que puede parecer teoría, no lo es. Y les pongo un claro ejemplo de algo que está sucediendo en Valladolid. La llegada de mafias que se hacen con el mercado de citas para tramitar la solicitud de asilo político a cientos de refugiados que llegan a España huyendo de su país es un hecho que admiten tanto los servicios sociales del Ayuntamiento como las organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos inmigrantes obligados a dejar su casa y su tierra. Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno se escuda en la falta de denuncias para no ver lo que está sucediendo y rechaza que se puedan iniciar actuaciones policiales ante el mercado negro de citas, que se venden a los refugiados a un precio entre 60 y 200 euros, si no existe antes alguien que acuda a la Comisaría y formalice una denuncia sobre ello. Esto es esconder la cabeza como hace la avestruz para no ver lo que está pasando.
Solo hay que analizar las cifras de peticiones para darse cuenta de que hay un incremento exponencial de las solicitudes de asilo en Valladolid. Tanto es así que el año pasado se duplicó el número de peticiones respecto a 2019 y 2020, sin que aún este 'efecto llamada' haya tocado techo, ya que el dato de los dos primeros meses de este año augura un crecimiento superior al 60 por ciento si continúa así hasta diciembre. ¿A cuándo van a esperar los responsables policiales y judiciales para tomar cartas en el asunto? ¿Quién maneja los programas informáticos que acaparan las citas en pocos minutos y que luego se venden en un mercado negro? Hay muchas preguntas sin respuesta y parece lógico que la evidencia del propio Ayuntamiento y de las oenegés que trabajan con los refugiados sirviera para iniciar una investigación por parte de la Policía o incluso de la Fiscalía. No obstante, hay que exigir a las organizaciones que están sobre el terreno que den un paso más y denuncien, tal como hizo SOS Racismo en Valencia el pasado año y que sirvió para abrir diligencias y espantar a esas mafias hacia otros lugares.
Lo peor de estas malas artes es que provoca un aluvión de problemas sociales, principalmente a los inmigrantes que se encuentran en un 'limbo legal' hasta que inician el proceso de asilo político, sino también para los servicios sociales que deben encargarse de facilitar vivienda, medios económicos y otras atenciones básicas y que se encuentran ya desbordados, principalmente por la falta de lugares donde alojar a esas personas que llegan en muchos casos con lo puesto.  La construcción de un centro de atención humanitaria, que ya ha iniciado los trámites para el proyecto, por parte del Ministerio de Inclusión en una parcela junto al Hospital Río Hortega facilitará la estancia a dos centenares de refugiados, pero su puesta en marcha no se espera hasta finales de 2024, si no sufre retrasos.
Voy a terminar como empecé. Negar el problema no es una opción. Todos los que tienen una responsabilidad pública deben conocer bien la realidad sobre la que actúan para poder adoptar medidas o reclamar ante quien puede hacerlo de forma rápida y eficiente. Para eso les pagamos y debemos exigir una gestión que ofrezca soluciones y alternativas a las personas y a las situaciones que no funcionan bien por la injerencia de grupos u organizaciones sin escrúpulos.