'Diez años de cárcel por matar a su pareja en una pensión a cambio de declarase culpable', 'acepta ocho años de prisión por tener sexo con una menor de edad', 'La mayoría de la banda del BMW pacta las penas con el fiscal'... Son todo titulares de casos que no han ido a juicio, que se han resuelto en un despacho, con algo de diálogo y un mucho de Código Penal, pero que también han terminado con la pertinente sentencia; aunque de las llamadas 'de conformidad'.
Se trata de una figura jurídica que, tras el impulso dado en la pandemia, vive su mejor momento en Valladolid: en los dos últimos años se ha alcanzado la mayor ratio de pactos previos al juicio desde que existe, hasta el punto de que uno de cada cuatro acusados ya se evita el paso por la vista a través de una sentencia de conformidad.
En 2021 fueron 1.175, el 24,8% del total de 4.736 fallos emitidos en el ámbito penal en la provincia; y en 2020, aunque solo se anotaron 760, la realidad es que supusieron el 25% de las 3.034 sentencias que rubricaron los magistrados de lo Penal, de Instrucción y de las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Valladolid. Nunca antes se había llegado a esas cifras, aunque es cierto que la tendencia era siempre alcista, pasando del diez por ciento de casos de hace una década, a la franja del 20% en los años 2017, 2018 y 2019.
La Fiscalía Provincial y el Colegio de Abogados decidieron darle un nuevo impulso a las sentencias de conformidad y los resultados no dejan lugar a la duda del éxito. Así, bajo la coordinación del teniente fiscal, José Carlos Jaramillo, los pactos van brotando, para alegría de casi todos, hasta de ese testigo que se evita el mal trago de tener que pasar por el estrado.
Hablan de economía procesal, de agilizar la justicia, de optimizar los recursos... pero también hay ocasiones en que la ciudadanía se topa con sentencias con rebajas de penas tan llamativas que generan algunas dudas, tal como admite la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera: «Supongo que hay veces que a la ciudadanía pueda costarle entender cómo se puede rebajar la pena de un traficante de 56 a 26 años, pero hay que tener en cuenta que el Código Penal recoge esta posibilidad, que se valora que una persona se declare culpable, que reconozca todos los hechos...» «No es tan sencillo como decir que 'se lo dejamos a la mitad porque se ha declarado culpable', sino que es el Código Penal el que permite una reducción de la pena que se pide por la apreciación de esas nuevas circunstancias», reflexiona.
«Conforme a la ley»
Martín Nájera aclara que estos pactos previos al juicio no son ninguna barra libre: «Hay veces que alguna defensa viene con una propuesta que no se ajusta a los parámetros que marca la ley y le decimos que no. Las sentencias de conformidad no son arbitrarias, ni a demanda, todas son conforme a la ley».
«Cuando decimos que no a un acuerdo, no es porque busquemos la condena máxima, sino porque o tenemos dudas sobre los hechos o sobre la prueba, o simplemente porque creemos que la calificación elaborada por el fiscal es correcta y no se va a tocar», según explica la fiscal jefe en declaraciones a El Día de Valladolid.
«Nosotros no negociamos sobre los hechos. Se tiene en cuenta si hay circunstancias que se puedan añadir a esos hechos y que haya que valorar como fiscal, porque un fiscal no solo acusa, sino que hay un principio de legalidad que nos ata», puntualiza.