El Gobierno anula las 3.683 multas del primer estado de alarma

A.G.M.
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Solo un tercio de los denunciados en Valladolid había llegado a pagar los 601 euros de sanción que solían imponerse bajo el artículo 36.6 de la 'ley mordaza', una práctica que fue declarada anticonstitucional

Control policial durante el primer estado de alarma. - Foto: Jonathan Tajes

Los casi cuatro mil vallisoletanos que fueron denunciados durante los dos estados de alarma que se activaron en la pandemia ya están fuera de esa 'lista negra' en la que entraron por saltarse las distintas restricciones covid que se fueron imponiendo para intentar frenar la movilidad de los ciudadanos y, con ello, los contagios. Unos habían optado por abonar la multa para poder obtener el descuento del 'pronto-pago' y otros, en cambio, habían dejado correr el tiempo con la esperanza de que los tribunales pudieran tumbar las normas que los sustentaban, por una supuesta inconstitucionalidad de la que ya venían advirtiendo algunos juristas y que, en efecto, ha terminado por declararse después de su paso por el Tribunal Constitucional.
La Junta de Castilla y León ha ordenado hace menos de un mes la anulación de las 228 que corrían de su cuenta, por incumplimientos del segundo estado de alarma –por saltarse el toque de queda, en la mayor parte de los casos–, abriendo un trámite online para solicitar la devolución del dinero ya pagado: 28.440 euros.
El Gobierno, por su parte, ya ha ordenado la anulación de las 3.683 denuncias interpuestas por Policía y Guardia Civil en el primer estado de alarma. Los números a los que ha tenido acceso este periódico en fuentes de la Subdelegación del Gobierno especifican que hay 1.382 de esos expedientes con la multa ya pagada y para los que ya se ha activado el proceso de devolución. Los otros 2.301 sancionados, pero que no abonaron nada, «solo van a ir recibiendo una notificación en la que se les comunica que no tienen que pagarla», tal como detalla el propio subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, que detalla que son las impuestas aplicando el artículo 36.6 de la 'ley mordaza', con una cuantía mínima de 601 euros y que hace referencia a la desobediencia a la autoridad de los agentes de las fuerzas de seguridad.

DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA

En el caso del Ejecutivo central, se trata de un proceso de devolución que es automático, mientras que los 228 denunciados de la Junta están obligados a pasar por la sede electrónica de la Administración  (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y completar un formulario en el que se comunican todos los datos bancarios y que puede presentarse de manera electrónica o presencial.