Aunque muchos hayan pensado que esta semana me he decidido a comentar el mítico programa televisivo ‘El precio justo’ no es así. Voy a ser un poco más mundano, a dar voz a los hombres y mujeres que se dedican a la producción agrícola y ganadera y que sufren una auténtica injusticia cuando llega la hora de vender sus ajos, cebollas, patatas, conejos, lechazos o cerdos. Después de trabajar toda una campaña con el sudor de su frente y mimar su producción, el precio que reciben por ella es miserable, en algunos casos, y en la mayoría de ellos, totalmente insuficiente para asumir los gastos y un beneficio que permita vivir con dignidad a los profesionales del sector primario. Y no se trata de que la distribución haya tirado los precios de estos productos de proximidad, sino de que multiplican hasta un 1.000 por ciento el precio en el camino que va desde la tierra o la granja hasta las estanterías de los supermercados. Inasumible para productores y consumidores.
Las organizaciones agrarias llevan años levantando la voz para reclamar un equilibrio que permita la supervivencia de agricultores y ganaderos, con unos precios dignos y acordes con los costes de producción, que se incrementan anualmente por la carestía del gasóleo, la luz y los fertilizantes. La cadena alimentaria, cuyo proyecto de ley se encuentra en estos momentos en proceso de tramitación parlamentaria en el Congreso, no funciona o lo hace de modo incorrecto. Como en otros sectores, el proceso de formación de precios debe ir de abajo hacia arriba y no al contrario. La base debe ponerla el primer eslabón, el agricultor, más si cabe en un sector donde muchos de los productos no requieren una compleja elaboración o transformación, más allá de su clasificación y envasado.
El planteamiento parece sencillo. Incluso es probable que todo el mundo lo pueda compartir. Sin embargo, ni el Gobierno central ni la Junta de Castilla y León han conseguido poner el cascabel al gato. En muchos casos es complicado llevar la teoría a la práctica. Las negociaciones entre profesional e intermediario para la venta de sus productos es libre y no se puede aplicar una política intervencionista para fijar precios, aunque en alguna ocasión gustaría a agricultores y consumidores.  Lo que se exige a la administración es una vigilancia eficaz que impida la venta de frutas, verduras, leche, carne y otros productos por debajo del precio de coste en todo el proceso que va del campo al supermercado. Y eso incluye en muchos casos el control de que las empresas cumplen los acuerdos firmados y no ‘abusan’ de su posición para conseguir los productos a un precio irrisorio.
Para que algunos no piensen que se me ha olvidado que vivimos en una sociedad capitalista y en un mercado libre, reconozco que todo fluctúa en función de la oferta y la demanda y que la globalización y la llegada de productos de fuera de nuestras fronteras condiciona también el precio de nuestros productos de proximidad. Esto debe servir a nuestros agricultores y ganaderos para trabajar con mayor eficiencia, para buscar mejores rendimientos ayudándose de las nuevas tecnologías y la digitalización. Indudablemente, la mejora continua es imprescindible para sobrevivir en un mercado global dispuesto a rellenar los huecos que dejamos libres, sin embargo nada de esto se puede hacer si no existe un precio justo que tenga en cuenta la cantidad, la calidad y los costes de cada producto recogido.
Finalmente, la lucha por mantener la producción agraria y ganadera en la provincia y en la Comunidad está muy relacionada con mantener la vida en el medio rural. Los profesionales del campo suelen ser personas que habitan en los pueblos, en muchos casos los últimos de los trabajadores que siguen a pie de obra. La dignidad y la supervivencia de la agricultura va muy unida al futuro de nuestros pueblos y al nuestro propio, así que nos estamos jugando también un modo de vida al que llevamos ligado varias generaciones.