Castilla y León contabilizó el pasado año 111 empresas en situación de insolvencia, es decir, que no pudieron afrontar a tiempo los pagos o deudas contraídas. Una cuantía que supone la más baja en la Comunidad desde las 54 registradas en el año 2007, y experimenta un descenso del 15 por ciento respecto a las del primer año de la pandemia y la mitad menos que hace un lustro. Las estadísticas de los Registradores de la Propiedad evidencian de esta forma como, a diferencia de la anterior crisis económica, donde entre 2009 y 2015 cerca de 2.000 empresas autonómicas no pudieron hacer frente a sus deudas con acreedores y trabajadores, en esta ocasión las firmas de la Comunidad han logrado soportar el envite tras la catástrofe derivada de la covid-19. De hecho, las insolvencias anotadas en 2021 apenas suponen el cinco por ciento de las 2.141 notificadas en la última década. En este sentido, juega un papel importante el Real Decreto-Ley que en marzo del pasado año aprobó el Gobierno de España con medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que movilizó 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. Además, recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley Concursal, con la que se pretende facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia.
El análisis del balance presentado recientemente por el Colegio de Registradores revela también que la mayoría de estas empresas –Sociedades Limitadas y Anónimas– que se vieron superadas por la crisis eran pequeños negocios con entre cero y dos trabajadores a su cargo, una facturación anual inferior a 250.000 euros y pertenecientes al sector del comercio o la construcción.
Desde 2014
De forma paralela a este descenso de empresas insolventes, Castilla y León ha visto como crecen los deudores concursados, con 314 declarados en 2021, la cifra más alta desde el 2014. Una situación que se explica por el descalabro entre las personas físicas sin actividad empresarial, que contabilizó casi 200 casos el pasado ejercicio. La Asociación Profesional de Administradores Concursales 'Sainz de Andino' alerta de «una avalancha» de concursos «más potente de lo esperado» y consideran «inevitable» la saturación de los juzgados de lo Mercantil. «Las previsiones ya marcaban que los casos de empresas en concurso de acreedores seguirían creciendo este año», indicaron.