Tras un largo año de pandemia, los sindicatos llaman a no bajar la guardia en las campañas agrícolas que se avecinan y, con ocasión del Primero de Mayo, exigen vincular el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento estricto de los derechos laborales en el campo. Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de los Trabajadores (UGT) piden que se mantengan los protocolos contra la covid-19 que se pusieron en marcha después de que el inicio de las campañas en 2020 estuviera marcado por los focos de contagio en varias regiones y las malas condiciones de muchos temporeros extranjeros.

El responsable adjunto de Política Sindical y Sector Agrario de CCOO, José Fuentes, señalaba que, tras una primera etapa de incertidumbre, el año pasado «se reforzaron bastante los controles y se mejoró el control de las medidas anticovid en plantaciones, desplazamientos a los centros de trabajo y en los propios alojamientos». Para las campañas de este año, considera que se deben incrementar las medidas de control y cumplir el código de buenas prácticas acordado entre la Administración, los empresarios y los sindicatos, al igual que el convenio marco actualizado para la regulación de los flujos migratorios.

Mientras el Gobierno mantiene una campaña de control del fraude en la contratación, prosiguen los llamamientos de los sindicatos para que se retomen las negociaciones del convenio estatal del campo, con el que buscan evitar la competencia desleal por las diferencias de los costes salariales entre provincias, según Fuentes. Una mención especial suscita la reforma de la PAC que se está acabando de negociar en la Unión Europea (UE) para el periodo 2023-2027, ya que las organizaciones de trabajadores están a favor de que se introduzca la condicionalidad social para la recepción de las ayudas. Fuentes considera «fundamental» que, sin que se establezca más burocracia, los empleadores que cumplan las normas en materia de trazabilidad social reciban los fondos y que los tratados comerciales con países de fuera de la UE también las recojan para evitar la competencia desleal.

El secretario del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena, afirma que, junto a otros sindicatos en la Unión Europea, están llevando a cabo una campaña para que el cumplimiento de la normativa laboral, incluido el respeto por los convenios colectivos, sea obligatorio para percibir las ayudas de la PAC, que en España ascenderán a más de 47.000 millones de euros hasta el año 2027. «Pensamos que esto va a ayudar bastante a mejorar las condiciones de los trabajadores del campo», afirma el dirigente sindical.

En el tramo final de las negociaciones, países como España, Francia, Italia, Grecia y Portugal están de acuerdo con la condicionalidad social, frente a los nórdicos y otros como Austria o Alemania, que apuestan por otras fórmulas no vinculantes.

Mejorar las condiciones    

UGT defiende esos requisitos para elevar los estándares laborales en el campo español, donde denuncia que los salarios son más bajos que en el resto de los sectores, hay altos índices de temporalidad y las relaciones laborales están «desequilibradas» y reguladas por una negociación colectiva «atomizada en más de 60 convenios que se incumplen en muchas ocasiones».

En los tres primeros meses de 2021, el paro en la agricultura sumó 187.600 personas, un 14% más que en el primer trimestre del año anterior, en tanto la ocupación se incrementó el 1,6% en ese periodo, hasta las 797.900 personas, según la última Encuesta de Población Activa. Serena sostiene que la situación de los trabajadores del sector agrario y el manipulado de alimentos «no ha cambiado mucho respecto al 2020, como consecuencia de la pandemia y la crisis económica».

«Hay que seguir trabajando para que no veamos las imágenes vergonzosas del año pasado en las que personas nacionales y migrantes eran focos de contagio e incluso en ocasiones objeto de rechazo», añade el responsable de UGT. Reivindica el papel que realizan quienes hacen posible que lleguen a la mesa los alimentos y bebidas, al tiempo que pide salarios y precios dignos puesto que «la cadena alimentaria no está siendo todo lo justa que debe ser»