Medina del Campo tiene un serio problema de despoblación. El equipo de Gobierno se muestra convencido de que la posibilidad de bajar de la barrera de los 20.000 habitantes es muy real y las cifras así lo constatan. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que los vecinos de la Villa de las Ferias han bajado de los 21.607 del año 2011 a los 20.271 de una década más tarde. Una clara tendencia a la baja que ha hecho que el equipo de Gobierno se haya puesto manos a la obra para implantar un plan de empadronamiento. El objetivo es claro; conseguir que todos los denominados 'hijos del pueblo' se empadronen aunque residan fuera de la localidad.
Medina del Campo se juega mucho y por eso pretende no bajar en ningún momento de los 20.000 habitantes. Valladolid se quedaría únicamente con dos municipios, a excepción de la capital, con más habitantes de estos 20.000. Pérdidas de competencias y, seguramente, aumento de ingresos. Esas serían las consecuencias.
La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local recoge que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen la posibilidad de contar con un servicio de protección civil, así como evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Es decir, ahora Medina del Campo tiene una serie de competencias que perdería de manera automática. Pero las pérdidas van más allá.
¿Esto que significa exactamente? En el caso de Protección Civil sería la Junta de Castilla y León la encargada de su coordinación y no el propio Consistorio. Las actuaciones que se lleven a cabo tendrán como gestor a la Delegación Territorial y no será necesario que nadie lo supervise desde la localidad. Los bomberos del parque de Medina funcionan mediante un convenio de colaboración con la Diputación, mediante el cual el Consistorio paga 400 euros por cada una de las salidas. Este dinero se lo ahorraría ya que tendría que ser asumido en su totalidad por la institución provincial.
Los ingresos para la ejecución de obras serían otro gran caballo de batalla. Los pueblos de menos de 20.000 habitantes cuentan con el dinero de los planes provinciales de la Diputación, mientras que aquellos que superan esta cifra ingresan fondos de la Junta. «Últimamente, la Junta ha dado muy poco dinero y seguro que llega más de la Diputación», comenta el portavoz socialista, José María Magro.
El propio pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo también cambiaría con la pérdida de habitantes. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General recoge que los municipios con un censo entre los 10.001 y los 20.000 vecinos cuentan con 17 concejales frente a los 21 actuales. Cuatro menos. Tampoco sería necesaria la celebración de un pleno ordinario al mes, sino sería suficiente con uno bimensual. En este sentido, las retribuciones de los miembros del pleno también se ven afectadas e incluso el número de personas que pueden tener dedicación exclusiva en el Consistorio.
Los servicios sociales serían otro de los caballos de batalla. Los municipios de más de 20.000 vecinos tienen las competencias, pero no los de menos. De esta forma, el Centro de Acción Social de Medina del Campo pasaría a ser gestionado por la Diputación, al menos en materia competencial. En este sentido, habría que estudiar la posibilidad de la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones para continuar con la prestación del servicio.
Lo mismo ocurriría con el albergue juvenil, que tampoco estaría ya gestionado por el Ayuntamiento como ocurre en la actualidad. Usado también por familias, grupos de amigos, peregrinos, colegios, club deportivos, asociaciones... El Consistorio dejaría de ser la administración competente.
Mancomunidad de interés. Incluso la representación que tiene Medina del Campo en la Mancomunidad de Interés (MIG), ya que ahora la Villa de las Ferias tiene la capacidad de contar con diez representantes y si baja de los 20.000 pasaría a tener cinco. La recaudación es otro de los aspectos importantes porque Medina podría optar porque fuera el Organismo Autónomo de Recaudación (Reval) perteneciente a la Diputación el encargado del cobro de impuestos y tasas a cambio de un precio anual. Habría que estudiar qué ocurriría con las instalaciones deportivas de uso público, ya que la legislación aclara que su competencia recae en los municipios de más de 20.000. Así, Medina podría perder la organización de este tipo de dependencias municipales.