La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León exigió ayer ante la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación que las mejoras del dispositivo de lucha contra el fuego llegue a «todo el sector», tanto a los trabajadores públicos como a los de empresas privadas, «sin distinciones», y a todas las categorías.

Unas 40 personas de este colectivo se concentraron para denunciar que se prevé dejar fuera de las «supuestas mejoras» del operativo para la prevención y extinción de incendios a los 250 vigilantes de las torretas, una de las tres categorías que conforman el colectivo de empleados fijos-discontinuos.

El portavoz de la organización, Román García, detalló que el preacuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social sí englobaría a los peones de montes y conductores de autobomba, que pasarían a tener una prestación laboral de un año completo. De aplicarse la ampliación este mismo año, un 60 por ciento de los 900 trabajadores del operativo se irían a la calle en octubre hasta la siguiente campaña.

Si bien ha trascendido que un 43 por ciento del operativo es público respecto al resto, que sería privado, García aseguró no conocer el porcentaje «exacto», pero sí respondió al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que «no es un modelo mixto público-privado como él dice, sino un modelo privado con una parte pública, ya que se prima al operativo privado cuando debería ser todo público al ser un servicio esencial».

En ese punto, llamó la atención sobre la posibilidad de dejar fuera a los 'escuchas' a pesar de la «promesa» del consejero. «Reivindicamos que se les tenga en cuenta para la ampliación prometida a doce meses, igual que al resto de trabajadores, y la parte del año que no están en las torretas puedan realizar otras labores de prevención en el monte, algo que recoge el convenio colectivo», explicó ante los medios, en una protesta en la que también cargaron contra los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a los que acusaron de «no representar» al colectivo y dejarlos fuera de la Mesa del Diálogo Social.

Durante la protesta se pudieron leer pancartas que recordaban al trabajador forestal fallecido en el incendio de Losacio (Zamora) con 62 años, quien al no contar con categoría de bombero forestal «no pudo prejubilarse».

García señaló que en materia de personal laboral ya hay un preacuerdo, del que aseguró «no tener detalles», pero para el que se ha establecido «un periodo de tres años para pasar a una prestación de doce meses», en la cual se quedan fuera los 'escuchas'.

Especificidades del modelo.

En una movilización convocada por trabajadores organizados, «sin ninguna sigla sindical detrás», García recordó que en la Mesa del Diálogo Social están sentados UGT y CCOO, además de CEOE. En este sentido, entendió que «no es el ámbito de negociación porque los empleados públicos tienen unas mesas específicas en las que están representados otros sindicatos con representación en la Administración. Además, cuestionó la presencia de la patronal en una mesa de empleados públicos.

Al respecto, matizó que lo que se está acordando en la Mesa del Diálogo Social «no es el modelo, sino las especificidades», al contrario de lo que aseguró el jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno. En todo caso, opinó que el modelo es «potestad» de la Junta porque está «obsoleto y anticuado» y tras su renovación que se negocien las mejoras en la mesa de empleados públicos y en el Diálogo Social (para los privados).