El plan de choque refuerza las políticas sociales

D.V.
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PSOE y TLP advierten de "competencias impropias" y lamentan que la institución tenga que llegar "donde no lo hace la Junta"

Reunión de los grupos provinciales para revisar el plan de choque de la Diputación - Foto: Diputación de Valladolid

Los grupos políticos y el equipo de Gobierno de la Diputación de Valladolid han acordado este martes el reforzamiento de las políticas sociales dentro del Plan de Choque consensuado para combatir los efectos económicos de la pandemia de coronavirus en la provincia.

En concreto, se va a destinar a estas políticas sociales una partida adicional de 3.315.000 euros, como ha explicado el diputado delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales, David Esteban, quien ha apuntado, además, que la mayoría de las acciones están destinadas a reforzar diferentes programas que ya están siendo desarrollados por la Diputación de Valladolid y que cuentan con el aval tanto de los Grupos Políticos como de la Mesa del Diálogo Social de la provincia.

Es el caso del reforzamiento de las Prestaciones de Urgencia Social (PREUS) cuya dotación se incrementa en 400.000 euros para hacer frente al incremento previsto de este tipo de ayudas, especialmente en tres colectivos de población, como es el agravamiento de la situación económica de los usuarios dependientes de servicios sociales que tienen cronificada su situación de vulnerabilidad; los usuarios que no han generado derechos a subsidios de desempleo, y la aparición de un nuevo perfil de usuario que no había acudido nunca a los servicios sociales por disponer de ingresos económicos suficientes para su subsistencia pero que han perdido dichos ingresos, que aún no reciben otro tipo de ayudas y que necesitan las ayudas de emergencia, como ha detallado Esteban.

Asimismo, se refuerza con 500.000 euros el servicio de Ayuda a Domicilio ante el previsible incremento del número de usuarios que se espera que se produzca en la segunda mitad del año, especialmente con la reincorporación al trabajo de las familias.

Los Grupos han decidido también incrementar en 250.000 euros las partidas destinadas a garantizar la alimentación infantil. De ellos, 100.000 euros se destinarán a cubrir el incremento del gasto por el cierre de los colegios y de los comedores escolares por causa de la COVID-19 a través del programa de alimentación a menores de familias vulnerables que se desarrolla a través de los convenios con Cáritas y Cruz Roja.

Los otros 150.000 euros se destinan a suplementar el convenio suscrito con Banco de Alimentos, de manera que se puedan entregar alimentos a las familias con menores que no están cubiertas por los citados convenios con Cáritas y Cruz Roja.

 

BECA COMEDOR

Asimismo, David Esteban ha señalado que con esta aportación suplementaria se dará cobertura a los menores con beca de comedor que no hayan recibido la ayuda prevista por el Gobierno de España por no estar incluidos en los listados proporcionados por la Consejería de Educación o por otras circunstancias.

Por otro lado, se crea una nueva línea de ayudas para facilitar Tablet para el estudio a las familias vulnerables con hijos escolarizados en educación primaria o secundaria. Se destinan a tal fin 30.000 euros y las Tablet serán suministradas a los Centros Educativos para su entrega a los alumnos matriculados que los necesiten tras informe del Equipo Psicopedagógico del Centros y valoración de los CEAS correspondientes.

Por otro lado, se destinan 200.000 euros la rehabilitación de viviendas en el medio rural con el objeto de favorecer a aquellas rentas más bajas y de mantener la trama urbana de las ciudades. Para ello, los grupos políticos han decidido lanzar una convocatoria abierta de tal modo que, además de lograr los objetivos anteriores, se logre también reactivar la economía local.

Las obras de rehabilitación deberán ir destinadas tanto a lograr un ahorro del gasto corriente familiar a través de soluciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, así como a favorecer la conservación y la mejora de la accesibilidad en las viviendas. La convocatoria tendrá resoluciones parciales a lo largo del año.

Otro de los apartados destacados es la inversión en los Centros Residenciales de la Diputación de Valladolid, a los que se destinan 1.825.000 euros, de los que la mayor partida corresponde a gastos de personal, con 1,2 millones de euros.

Hasta el momento, y desde la declaración del estado de alarma, se han realizado 85 nuevas contrataciones en personal de enfermería y auxiliares de clínica.

 

EPI

Junto a ello, se destinan 450.000 euros a dotar de equipos de protección individual (EPI) al personal de los centros, incrementando la disponibilidad de este tipo de material, así como de test PCR y cribado de serológico para los residentes y para los profesionales que trabajan con ellos.

Por último, se destinan 175.000 euros a incrementar las tareas de limpieza y desinfección, siguiendo en todo momento las recomendaciones sanitarias, cifra a la que hay que unir una partida de 110.000 euros destinada a mamparas de protección tanto para los CEAS de la provincia como para los cambios estructurales devenidos de los planes de desescalada interna de las residencias de la Diputación de Valladolid.

Estas partidas se han acordado con el apoyo de todos los grupos, si bien tanto PSOE como Toma la Palabra (TLP) han lamentado que la Diputación "tenga que llegar donde no llega" la Junta de Castilla y León y gestionar "competencias impropias", como han recalcado sus portavoces, Francisco Ferreira y Virginia Hernández respectivamente.

Ferreira ha sugerido, además, que la Diputación se plantee la "gestión directa" de la ayuda a domicilio en lugar de recurrir a empresas subsidiarias, mientras que Hernández se ha preguntado "cuántos beneficiarios más" podría tener este plan de haber contado con el apoyo económico de la Junta.

Por su parte los portavoces de PP y Cs, los dos grupos que integran el equipo de Gobierno, han expresado el compromiso de la institución provincial que "va a estar ahí", como ha señalado el representante 'popular', Agapito Hernández, y "ahora más que nunca" trabajará para no dejar a nadie atrás", según ha apuntado Gema Gómez, de Cs.

Por último, el diputado de Vox, Mario de Fuentes, ha defendido estos acuerdos para que en un contexto como el actual los servicios sociales que presta la Diputación, como ayuda a domicilio o centros residenciales, no vean mermada su calidad.