El llamado juzgado de 'cláusulas suelo' está a poco más de tres meses de alcanzar los seis años de trabajo sin que haya conseguido todavía normalizar la situación y alcanzar el objetivo para el que se creó en el verano de 2017, que era tratar de responder con celeridad a la avalancha de demandas por abusos bancarios que empezaban a generarse por las sentencias que avalaban la ilegitimidad de muchas prácticas crediticias vinculadas en su mayor parte a las hipotecas.

Ni siquiera lo ha conseguido con su conversión en 'macrojuzgado', en enero 2019, cuando el CGPJ envió tres jueces de refuerzo (más el magistrado titular) y la posterior y progresiva incorporación tanto de letrados de la administración de justicia como de funcionarios, hasta conformar un plantilla de 24 personas para ir sacando adelante todo lo atascado y evitar que las nuevas demandas se eternicen en un cajón.

Cada año parece que va a ser el último, pero la realidad es que el de Valladolid es uno de los 16 de España que continúan con estas extraordinarias medidas de apoyo, que el Consejo General del Poder Judicial ya comunicó que se iban a prorrogar hasta final de 2023.

Por ahora. Porque los datos a los que ha tenido acceso El Día de Valladolid hablan de 3.877 nuevas demandas contra los bancos al cierre de 2022, lo que supone un incremento del 24 por ciento con respecto a las 3.111 registradas el año anterior y que complica esa tarea de supresión del atasco y progresiva vuelta a la normalidad que permita desactivar el plan de choque.

Este incremento que lleva las nuevas demandas (por cláusulas suelo, gastos hipotecarios...) a la franja de las cuatro mil anuales mantiene contra las cuerdas a este 'macrojuzgado' que está teniendo que afrontar más del doble de los asuntos normales de un juzgado civil de Valladolid.