Los dos años de crisis económica por la pandemia del coronavirus han vuelto a disparar la litigiosidad en la jurisdicción laboral. Con una media cercana al millar de nuevos casos por cada uno de los cinco juzgados de lo Social de Valladolid,  se han activado las mismas alertas que se habían apagado hace solo tres años cuando el Ministerio de Justicia puso en marcha el ansiado número 5.

El reto de ese nuevo juzgado era reducir la demora para celebrar los juicios, que en su momento estaba en la franja de los siete meses, pero el estallido de la pandemia volvió a poner todo patas arriba. El atasco, que se acercaba a los 3.000 asuntos a finales de 2019, acabó 2020 con un incremento del 28 por ciento que lo llevó por encima de los 3.500, pese a ese quinto juzgado. En 2021 subió otro 10%, hasta rozar los 4.000 que se han rebasado ya en el recién finalizado 2022 y que ha llevado a los jueces a reunirse y solicitar una medida de refuerzo que ya ha obtenido el respaldo de la Sala de Gobierno del TSJ, que, a su vez, lo ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La petición, tal como ha podido confirmar El Día de Valladolid en fuentes jurídicas, es de dos jueces de refuerzo que puedan asumir la celebración de unos 24 juicios a la semana. En la motivación de esta solicitud, la judicatura vallisoletana recuerda que, en 2021, el ritmo de entrada de demandas laborales en ya registró un exceso del 35% sobre el módulo de 800 asuntos fijado para los juzgados de lo Social, una sobrecarga que se quedó en el 23,19% durante el pasado 2022.

La medida de refuerzo busca dar solución a un incipiente colapso que temen que se convierta pronto en inasumible y que vuelva a llevar años de trabajo disolverlo, como ya pasó durante la anterior crisis, cuando se atacó también con la llegada de jueces de apoyo.

El mejor termómetro de la mala situación que vive la jurisdicción laboral son los elevados plazos de señalamiento de juicios. En ese mismo documento justificativo de la solicitud de refuerzo se apunta que los juicios ordinarios se están señalando en el orden de los ocho meses y medio en Social 1 y 5, mientras que se va hasta los doce o trece meses en los otros tres. «Son datos de mediados de diciembre, ahora, con la huelga de los letrados de la administración de justicia, las cifras han empeorado en dos o tres meses, con lo que la necesidad del refuerzo es aún más acuciante», advierte Emilio Vega, juez decano de Valladolid.  

5 meses para un despido

Las vistas ordinarias, por tanto, están ya señalándose para del verano de 2024, pero es que los plazos para juicios urgentes –los de despidos, fundamentalmente–, se movían a final de año ya entre los cuatro y los cinco meses y medio. 

Los funcionarios de los juzgados de lo Social no terminan de estar de acuerdo con la medida de apoyo elevada al CGPJ. «Hay bastante enfado porque esto ya se ha vivido y con la creación de Social 5 ya se esperaba que durante tiempo y tiempo no fuese necesario tener que acudir a planes de refuerzo, al menos en lo relativo a cuerpos que no sean los magistrados», explica Raúl Franco, presidente de la Junta de Personal en Administración de Justicia. Durante todo 2018 hubo ese plan de refuerzo al que alude el delegado sindical y que terminó por demostrarse útil pero insuficiente, hasta el punto de que Social 5 fue el primer juzgado que se constituyó en Valladolid tras los nueve años de parálisis ministerial a cuenta de la anterior crisis.

Raúl Franco advierte de que «el personal no está nada por la labor de volver a asumir esos excesos de trabajo, por muy remunerados que sean: «El enfado es generalizado, más aun si la medida de refuerzos no va acompañada de otra para el resto de la plantilla, ampliando el personal y/o prolongaciones de jornada a un grupo numeroso». Y es que el presidente de la Junta de Personal no acaba de verlo claro: «Estamos nuevamente poniendo parches y no soluciones. No sé si el CGPJ y el Ministerio han dicho que sí, porque aunque el numero de asuntos esté por encima del límite establecido, hay otras provincias del país que lo superan con creces».

Sin salas de vistas

Además, la más que posible llegada de esos dos jueces de refuerzo abriría otro problema organizativo en la sede de la calle Angustias, donde están ahora los Juzgados de lo Social y donde no hay salas de vistas para esas celebraciones extra de juicios: «El problema con el que nos vamos a encontrar es que, si se concede, no sabemos cómo van a celebrar sus juicios porque no hay salas de vistas», apunta el juez decano, que detalla que «hay hueco el viernes, pero no hay más y quizá hay que señalar un día por la tarde», aunque eso abre «otro problema», según Vega: «Los abogados, por las tardes, se suelen dedicar a sus despachos y clientes; y los agentes judiciales, que tendrían que venir después de haber trabajado por la mañana». 

«Hay problemas de intendencia que van más allá y algunos serían sencillos de arreglar. Por ejemplo, hemos planteado una idea para liberar salas de vistas de la toma de declaraciones de los seis juzgados de Instrucción y el de Violencia sobre la Mujer, pero no nos hacen caso y sería tan fácil como instalar un sistema de grabación en cada despacho de esos jueces», concluye.