La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha respondido a la petición que han realizado comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Valenciana de crear un fondo compensatorio para las regiones infrafinanciadas, explicando que este fondo ya se planteó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que fue Madrid, entre otras, "la que se opuso".

Así se lo ha expuesto Montero al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que durante la comparecencia de la ministra en el Congreso para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha reiterado la petición que acordaron este martes el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, de pedir un fondo compensatorio.

Ambos dirigentes se reunieron este martes para establecer un frente común en la negociación del modelo de financiación autonómica y reclamaron conjuntamente que, mientras se abre el debate para modificar el sistema de financiación, se cree un fondo transitorio compensatorio que pueda paliar la infrafinanciación de ambas comunidades autónomas. Poco más tarde, la Comunidad de Madrid ha declarado que comparte el criterio de financiación autonómica que defienden las dos comunidades, al considerar que "el factor más importante" es la población, ya que los recursos van destinados a los servicios públicos "que los reciben las personas", según ha explicado el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio.

Ante esto, la ministra de Hacienda ha alegado que esta posibilidad ya se planteó por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, llevándola incluso a una votación que fue rechazada por varias comunidades autónomas, entre la que se situaba la Comunidad de Madrid.

"Planteé la votación y ¿sabe usted quién se opuso? El señor Lasquetty, de la Comunidad de Madrid, porque no compartía que hubiera un fondo específico", ha apostillado la ministra de Hacienda exhortando a la bancada popular a decidir con que autonomía se alinean.

"Quiero pactarlo con ustedes"

En este contexto, Montero ha señalado que mantiene su oferta de diálogo para pactar con el PP esta reforma del modelo de financiación autonómica. "Quiero pactarlo con ustedes, con el PP, los dos principales partidos de esta Cámara deberían estar de acuerdo con el futuro modelo de financiación", ha apostillado.

En cualquier caso, la ministra ha pedido a los populares que "tomen la decisión" de elegir una posición común respecto a los distintos planteamientos que ya han exhibido, entre otros, los presidentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia sobre los criterios que deben de primar.

La popular Macarena Montesinos ha desdeñado la oferta de diálogo de Montero, convencida de que más pronto que tarde se convertirá en su habitual "rodillo y monólogo", y sobre todo, teniendo en cuenta que "en tres años" el Gobierno no ha hecho "ni un sólo acercamiento" para tratar este asunto con el primer partido de la oposición.

"Estamos dispuestos a hablar de todo, pero no a la subordinación a la que quieren someternos siempre, ni a perder el tiempo", le ha espetado la diputada por Alicante.

En línea con la ministra, la diputada del PSOE Patricia Blanquer, ha aprovechado su intervención para recriminar al PP que no actualizaran ni reformaran el modelo de financiación autonómica durante los años en los que tenían mayoría absoluta, algo en lo que ha incidido también la propia María Jesús Montero.

También el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha dicho que el PP debe de tener "el rostro de hormigón armado" para quejarse ahora de que no se renueva el modelo de financiación autonómica cuando estuvo gobernando con mayoría absoluta y no hizo nada.

Para el socio morado del Gobierno, al sistema que aún está vigente "se le han visto las costuras" y debe ser modificado, pero considera que su diseño debe ligarse a una reforma fiscal y al "blindaje de los servicios públicos" fijando "un suelo de ingresos", más que un techo de gasto.

Por todo ello, ve difícil cerrarlo este mismo año. "Me hago cargo de la necesidad de compaginar lo urgente y lo importante, pero no nos queda más remedio --ha dicho a la ministra--. El objetivo es que tendrá que ser aprobado porque la alternativa del fracaso no debería existir".

Las CCAA recibirán 7.000 millones de euros de los PGE

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha adelantado este martes en el pleno del Congreso que las comunidades autónomas recibirán el próximo año una "transferencia extraordinaria" de unos 7.000 millones de euros, un 6,3% más que lo que recibieron en 2021, que se tienen que consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, Montero además ha explicado que el Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de unos 3.100 millones de euros para la liquidación del IVA del año 2017.

"El Gobierno ha tomado la decisión de incluir en los Presupuestos una partida para comunidades que recibirán en torno a 3.100 millones de euros por este concepto que incorpora el capital pero también los intereses. A aquellas comunidades que recibieron un préstamos a tipo 0 para amortiguar esa caída por la falta de recursos del sistema de información del IVA no se les va a obligar a devolverlo y se va a autorizar que esos recursos se utilicen para el gasto que cada comunidad autónoma considere", ha explicado.

El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que obligaba al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA. Ahora, Montero ha anunciado que aprobará una partida presupuestaria en el año 2022 para solventar este perjuicio económico.

En su intervención, ha subrayado que la administración central "ha asumido una parte muy importante" durante la pandemia "protegiendo como nunca antes el estado autonómico". "El compromiso del Gobierno es firme", ha manifestado.

En la misma línea, ha admitido la necesidad de reformar el modelo de financiación de las comunidades autonómicas y ha traslado el compromiso del Gobierno para establecer un sistema de financiación "justo" para que todos los territorios reciban recursos adecuados que "pongan fin a los supuestos agravios territoriales".