Pocas veces se había hablado tanto de campo, sobre todo de ganadería, como en la precampaña y los primeros días de la campaña electoral. Unas desafortunadas declaraciones del ministro de Consumo cuestionando la calidad de la carne de las macrogranjas desató una tormenta política de primer nivel, con todos los partidos hablando al mismo tiempo de los modelos ganaderos, su presente y su futuro.
Castilla y León está siendo uno de los principales campos de batalla. Esta es una comunidad de evidente origen rural, cuyo Producto Interior Bruto todavía depende en más de un 5% de la agricultura y la ganadería y en la que miles de personas todavía viven pegadas a la tierra. De ahí que políticos de todos los colores se lanzasen de repente a prestarles la máxima atención, provocando una cascada de fotografías con hombres y mujeres del campo.
Pero más allá de la pelea puntual por los votos de este 13 de febrero, y tras haberse enfriado un tanto la polémica del ministro Garzón, el sector primario aparece como una de las claves del desarrollo a medio y largo plazo de la comunidad, gracias no solo a los cultivos y a la crianza de los animales sino también a su transformación mediante la industria agroalimentaria, porque sumando el campo y las empresas que derivan directamente de su producción el peso en el PIB regional se eleva hasta el 11%.
La agricultura y la ganadería reclaman futuro y eso pasa, principalmente, por la rentabilidad y la sostenibilidad, dos términos absolutamente manidos a lo largo de los últimos años pero que, analizados de forma serena, tienen una enorme carga de profundidad.
Tiene que ser rentable para poder garantizarse un futuro. Las explotaciones son pequeñas, medianas o (en contadísimos casos) grandes empresas que como todas las demás necesitan una viabilidad económica. Sin embargo, la ruptura de una cadena alimentaria justa, que provoca gigantescas diferencias entre lo que perciben los productores y lo que se cobra al consumidor final, provoca que a los agricultores o los ganaderos se les estén abonando precios por debajo de los costes de producción.
Subidas de precios
Las recientes subidas de precios de los fertilizantes o del combustible no hacen sino agravar la tendencia mientras quienes producen con el sudor de su frente reciban pagos pírricos. Así lo expresaban hace solo unas semanas con tractoradas por las calles de varias ciudades de la región las principales organizaciones agrarias de Castilla y León. ASAJA, UPA y COAG sacaron sus vehículos y paralizaron el tráfico para denunciar que los gobiernos dan la espalda a la agricultura y la ganadería y para exigir la «dignificación del campo» y lo que denominan una «política de precios justos». En esa misma protesta
Los sindicatos, además, están preocupados con el panorama que se presenta para el sector primario con la reforma de la PAC, un instrumento siempre polémico para el que muchos reclaman que se distinga entre quienes son agricultores a título principal y quienes también la cobran aunque no sea su modo de vida.
Y en paralelo a la rentabilidad, la sostenibilidad. Administraciones y colectivos profesionales están de acuerdo en que los cultivos o las granjas deben ser respetuosos con el medio ambiente, pero siempre partiendo de la productividad, porque de lo contrario la supervivencia sería imposible. Lo subraya, por ejemplo, Donaciano Dujo, responsable autonómico de Asaja, quien recuerda que las exigencias de calidad, etiquetado o reducción de la contaminación deben ser entendidas «en un contexto mundial y globalizado».
«No puede ser», advierte, «que Europa imponga a sus países medidas que limitan parte de la producción y por tanto nos aumentan los costes mientras traemos alimentos de fuera de nuestro continente que no cumplen esas medidas, y que además de contaminar mucho más que nosotros implican un añadido de emisiones por el propio transporte de los productos», lamenta.
Un mar de promesas
Frente a todo ello, los partidos políticos se han puesto las pilas, al menos en esta campaña tan condicionada por lo regional, y prometen en sus programas modificaciones legales. El PP dice que aprobará la Ley de Desarrollo y Competitividad Rural y el PSOE apuesta por un cambio en la Ley Agraria que fomente la agricultura familiar, el arbitraje y la mediación en la cadena de valor «en coordinación con la Ley Estatal de Cadena Alimentaria».
Ciudadanos dice que revitalizará el sector primario «como alternativa sostenible de creación de empleo», incorporando las nuevas tecnologías en sostenibilidad y eficiencia, mientras que Podemos aboga por elaborar «una Política Agraria Común más justa, que contemple ayudas directas a la incorporación», priorizando a los agricultores y ganaderos a título principal.
Vox reivindica «el estilo de vida, modelo económico y tradiciones de nuestro campo, abandonado por PP y PSOE y acosado por agendas globalistas» y frente a ello asegura que protegerá el «producto nacional» frente al «fanatismo ecológico» mientras las plataformas de la España Vaciada ofrece una mejora de la formación de quienes trabajan en explotaciones agropecuarias y un «apoyo financiero» a los jóvenes y emprendedores «que son mantenedores de población en los núcleos rurales».
Hay muchos miles de votos en juego y todos quieren pescar en el gigantesco océano del campo castellano y leonés.