«No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazado». El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, intenta zanjar por tercera vez el vendaval político generando por el plan antiaborto anunciado por Juan García-Gallardo (Vox) el pasado jueves, y ayer remitió una carta al presidente del Gobierno en la que reiteraba lo expresado este lunes en su declaración institucional. Ni cambios ni obligaciones para sanitarios o embarazadas. Fernández Mañueco mantiene en la misiva los pilares de los que no se ha movido en tres días, al tiempo que aprovechó para arremeter contra el Ejecutivo central por su «inusitada dureza» ante un conflicto que calificó de «irreal». Todo ello después de que desde Moncloa dieran un paso más y aprobarán en el Consejo de Ministros un segundo requerimiento para que la Junta de Castilla y León cese o se abstenga de adoptar cualquier medida que suponga dar instrucciones o recomendaciones al personal sanitario para que ofrezcan pruebas «suplementarias» a la mujeres embarazadas. Un nuevo requerimiento que, según informa Ical, es el primer paso antes de acudir al Tribunal Constitucional.
«Le ruego abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y en sus competencias», expresaba Fernández Mañueco en la carta, que él mismo publicó en sus redes sociales. Además, el jefe del Ejecutivo destacó que la Comunidad siempre ha hecho «gala» de un «sentido inquebrantable» de la lealtad institucional y ve «revelador» que el mismo Gobierno que ha enviado dos requerimientos a la Junta, «ignore que otros ejecutivos autonómicos incumplan sistemáticamente la legislación española en ámbitos como la educación».
«Hubiésemos preferido que el Ministerio de Sanidad hubiese ejercido, en este caso sí, sus competencias para paliar el déficit de médicos que padece nuestra Atención Primaria a nivel nacional», continúa el texto firmado por Fernández Mañueco, que volvió a cargar contra el Ejecutivo al señalar que «el Gobierno que ha provocado el mayor retroceso en la defensa de las mujeres con una ley equivocada y aún no corregida carece de autoridad para dar lecciones en esta materia».
Fernández Mañueco concluye la carta dando por «aclarados» los términos de esta cuestión, al tiempo que considera «una cuestión ficticia» y «propaganda sobreactuada» la postura del Ejecutivo central, al que hizo un llamamiento expreso a que «reflexione». Todo ello después de que el propio Pedro Sánchez asegurase desde el Foro Económico Mundial de Davos, defendiera la actuación del Ejecutivo ante el protocolo para abortos en Castilla y León, y argumentase la postura del Gobierno en que la administración castellano y leonesa «no está siendo clara» y vulnera una ley estatal como la de la interrupción voluntaria del embarazo.
Obligación
Actuación que se tradujo en el segundo requerimiento oficial enviado desde La Moncloa a la Junta, y cuya portavoz, Isabel Rodríguez, defendió. Justificó así que es posible emprender esta vía, previa al recurso ante el Constitucional, «sin un hecho administrativo» porque aseguró que el Gobierno tiene la «obligación» de actuar cuando se emitan comunicados que pueda afectar a los derechos fundamentales y la distribución de competencias. Esto, explicó, se ajusta a la jurisprudencia del alto tribunal de garantías constitucionales. Rodríguez insistió que Fernández Mañueco aseguró en su declaración institucional del lunes que habrá «medidas» en relación a las mujeres embarazadas y que se van a llevar a cabo, por lo que justificó el nuevo paso dado por el Gobierno.
«El presidente dice una cosa y el vicepresidente otra», dijo porque donde «dije digo, ahora digo Diego». En ese sentido, la ministra apuntó que el Gobierno no puede esperar ante la «confusión, aberración e inacción» de la Junta sobre el aborto y las mujeres embarazadas, porque indicó que no se pueden dar instrucciones a los médicos, ni sugerir otras pruebas a las que quieran interrumpir su gestación.
A juicio de la portavoz del Gobierno, «lo conocido» contraviene las leyes y la Constitución, después de que asegurara que las autoridades de Castilla y León han confirmado «que habrá medidas». «No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro», sentenció Isabel Rodríguez, quien garantizó que no van a consentir que haya ningún «resquicio» que suponga un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres.