Lino Rodríguez recurre al Supremo sus diez años de cárcel

D.V.
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El expresidente de Asaja, su esposa y el que fuera su vicepresidente en la OPA, llevan al TS la causa de la 'Operación Cebada'

Lino Rodríguez, en el juicio. - Foto: Ical

El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condena de diez años y cuatro meses de prisión por la 'Operación Cebada' y desmanes, entre ellos con tarjetas 'black', cometidos en la OPA entre 1990 y 2014. La sentencia condenatoria fue dictada el pasado mes de abril por Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial.

Además del recurso de casación ante el Supremo interpuesto por el líder agrario, dicho tribunal habrá de resolver igualmente los presentados por su esposa, Ana de la Fuente, y el vicepresidente de la OPA, Gerardo Rico, condenados en el mismo proceso a dos años, mientras que el exgerente, Fernando Redondo, al que se impusieron cuatro meses de prisión, es el único de los cuatro que no ha recurrido, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Lino Rodríguez cuenta ya en su haber con tres sentencias condenatorias, la citada de más de diez años, otra dos de dos años y ocho meses por fraude en el cobro de subvenciones a la Junta y una tercera de dos años y seis meses por estafa y administración desleal.

Sin embargo, ha salido indemne del cuarto proceso celebrado contra él, su pareja y el exmiembro de la Junta Directiva de Asaja Enrique Vallejo, tras la sentencia absolutoria conocida este jueves en la que se dirimía la falsificación de un contrato para cobrar casi 28.000 euros al sindicato por servicios prestados por Sodeprin, de la que tanto Lino como su esposa eran administradores.

En el caso de la 'Operación Cebada', recurrida ante el Supremo, la pena más elevada recayó en Lino Rodríguez, todo ello en la causa que investigaba la gestión económica de la asociación entre 1990 y 2014, periodo que la acusación pública y las particulares, ejercidas por la propia organización y la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Patata Industrial y Consumo (Indycons), denunciaron que estuvo plagado de irregularidades.

El primero, además, deberá abonar indemnizaciones que superan los 1,2 millones de euros, de ellos 28.731 a Asaja; 646.111 a Ifycar, 136.000 a Productores de Patatas y 388.648 a Derco. En el capítulo indemnizatorio se incluye en algunas partidas a su esposa, de forma conjunta y solidaria, y al exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico, quienes también debarán sufragar distintas multas.

Los delitos imputados a Lino son uno continuado de administración desleal--atenuante de dilaciones indebidas--, otro continuado de falsedad en documento oficial, en concurso medial con otro de estafa agravada, otro delito continuado de apropiación indebida agravada y un delito continuado de falsedad en documento mercantil--en todos con la atenuante de dilaciones indebidas--y ha quedado absuelto de la apropiación indebida agravada de la que había sido acusado por Indycons.

Por su parte, la esposa fue hallada culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada; Gerardo Rico, de un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía--fue absuelto de otro continuado de falsedad en documento mercantil y uno de apropiación indebida--, y Fernando Redondo, según el tribunal, cometió un delito continuado de apropiación indebida. A todos ellos también se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y al último la de reparación del daño, al haber devuelto el dinero apropiado.

Los cuatro se enfrentaban a penas que sumaban más de 26 años y casi cuatro millones de indemnización, con la petición más elevada, trece años y medio, para el expresidente, Lino Rodríguez, mientras que para su esposa, Ana de la Fuente, el fiscal había pedido dos años de cárcel.
Otros dos de los acusados, Fernando Redondo se enfrentaba a seis años y Gerardo Rico, a cinco.

En cuanto a las acusaciones particulares, Asaja imputaba tan solo a Lino Rodríguez y su esposa por falsedad documental, delito societario continuado y estafa y solicitó para cada uno de ellos cinco años de prisión, mientras que Indycons acusó a Lino y Gerardo Rico de apropiación indebida y falsedad e interesó para cada uno de ellos una condena de seis años.