La Ley de la Cadena Alimentaria de 2014, reformada y mejorada en los años precedentes hasta su última modificación el pasado año, constituye, al menos sobre el papel, una normativa importante, tanto para el sostenimiento de la renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas como para establecer unas reglas de juego de cara a lo que tienen que pagar los consumidores finales de los productos agrarios y agroalimentarios. Hay, al menos, dos razones. La primera, por la obligación de que los precios a pagar en el campo por la industria, los operadores o la distribución, cubran los costes de producción. La segunda, por la imposición de que, a lo largo de toda la cadena, se vayan incorporando los costes en cada eslabón con la prohibición de no vender un producto a pérdidas, lo que iría en detrimento de la propia imagen del mismo.

Con estas exigencias de por medio, todas las organizaciones agrarias reconocen la implantación de la Ley como un instrumento para garantizar rentas, a la vez que reclaman un mayor desarrollo sobre el terreno para evitar que, en muchos casos, se quede solamente sobre el papel. En esta línea, desde el sector se pide a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) un reforzamiento de la inspecciones sobre los contratos y la elaboración por parte de la Administración central y de las comunidades autónomas de más índices sobre los costes de producción en cada cultivo o tipo de explotación. Tampoco falta la autocrítica, señalando a los agricultores y ganaderos la necesidad de plantear denuncias teniendo en cuenta que están sujetas al anonimato.

Desde las organizaciones agrarias, en un momento como este de crisis y costes de producción en el campo disparados, junto a la dificultad para trasladar estos últimos a los mercados, ASAJA denuncia que no se estén pagando precios que cubran los costes de producción en sectores como la leche o los cítricos y rechazan las alegaciones de industria y distribución sobre la imposibilidad de conocer esos costes. La organización señala que sí es posible saber costes medios y advierte de que si eso no se cumple, la Ley no sirve para nada. Reclama estudios de valor sobre cada producto, tipo de cultivo y explotación, tanto por parte de la Agencia como por las comunidades autónomas. Tal como están los mercados, se reclama la posibilidad de hacer contratos a uno o dos meses y unos mayores controles oficiales ante la dificultad de realizar denuncias. Se espera que la Ley sea más efectiva a partir de 2023 con la obligación de registrar los contratos. Para ASAJA en La Rioja, en el último año más del 50% de la uva se vendió por debajo de costes. Desde Unión de Uniones se critica además que la Ley no ataque el desequilibrio de poder entre quien compra y quien vende y reclaman una regulación; en su opinión tampoco ataca la venta a pérdidas. COAG valora muy positivamente la implantación de la Ley, el desarrollo de una cultura de contrato, pero reclama una mayor aplicación con más inspecciones de oficio. Finalmente, desde UPA se valora muy positivamente el papel desarrollado por la Ley, a la vez que se hace autocrítica en el sentido de que agricultores y ganaderos deberían colaborar más haciendo denuncias en cuanto que las mismas permanecen en el anonimato, pero contribuyen a corregir abusos.

En contra de esta posición del sector agrario, desde la Administración se entiende que la Ley está atando en corto a la industria, a los operadores y a la distribución. Según los datos emitidos por la Agencia de Información y Control Alimentario, en el primer semestre de este año, la entidad realizó un total de 354 inspecciones, pero solamente nueve correspondieron a denuncias y el 45% de unas sanciones de 13,6 millones fueron por in cumplimiento de los plazos de pago.

Elaboración de índices.

Para el pago de los costes de producción, un elemento fundamental lo constituyen los índices que debe elaborar el Observatorio de la Cadena del Ministerio de Agricultura para cada producto y tipo de cultivo o de explotación, trabajo que deberían haber realizado igualmente las consejerías de cada autonomía. Sin embargo, esos trabajos que deberían servir al menos como punto de referencia ante la imposibilidad de hacer un precio de coste para cada explotación se han realizado tarde y con retraso y desde el sector se denuncia que, en algunos casos, esos índices no están debidamente actualizados con la crisis sobrevenida.

En el mismo territorio donde opera la Ley de la Cadena, otra acción importante se debería haber concretado en un seguimiento de un producto a través de los diferentes eslabones para poder tratar de analizar el por qué de fuertes subidas en algunos tramos de ese recorrido. En el caso de algunos productos frescos como frutas y hortalizas, no se han dado nunca explicaciones sobre la multiplicación de los precios por siete en ese proceso donde agricultores y consumidores son los grandes perjudicados en estos momentos de crisis.

Frente a los grandes desequilibrios de poder que existen a la hora de negociar los precios de venta y la dificultad de que los mismos cubran los costes de producción, el sector y las Administraciones coinciden en la necesidad de avanzar más deprisa en la constitución de entidades de agricultores y ganaderos, asociaciones de productores con capacidad para negociar con los grandes grupos de la industria o de la distribución. Sin embargo, lo que en el papel sería la ejecución de un proceso de integración, por ejemplo de cooperativas para tener más fuerza, en muchos casos resulta imposible ante otras políticas comunitarias de acuerdos y de ofertas de productos alternativos de terceros países en condiciones ventajosas para industria o distribución contra las que no puede competir la producción nacional por mucho que se una, una vez abierta la puerta a las importaciones. En esta línea se hallan las facilidades de que disfrutan las hortalizas de Marruecos, los cítricos de Brasil, Sudáfrica o Israel o los corderos desde Nueva Zelanda. En este último caso supone marginar aún más al sector y, en paralelo, a una actividad, la ganadería extensiva, que sigue haciendo una gran labor preventiva contra los incendios forestales a pesar de que el Ministerio de Transición le echó al lobo encima… En la Sierra de la Culebra, el lobo echó a los ganaderos y ahora, ni lobos ni ovejas.