Las empresas no acaban de levantar cabeza y tienen la impresión de que después de la crisis no termina de llegar la recuperación. Cuando no es la escasez de materias primas, es la subida de los costes, la inflación, la reforma laboral, el alza del salario mínimo, la temida reforma fiscal y la morosidad, que actúa como el colesterol en la recuperación.

Según el Observatorio de la Morosidad de Cepyme, el coste de este indicador para las empresas en España creció en el segundo trimestre de 2021 un 11,7% interanual, hasta los 1.247 millones de euros.

Se trata de una situación propia de una crisis muy severa en la que el cese de actividad para controlar la pandemia ha tenido efectos muy negativos para el tejido productivo.

Cepyme subraya que «esta morosidad tiene un coste para las empresas, en términos de dificultades de financiación e intereses de demora exigibles con un tipo medio del 3%, para este período de 1.247 millones de euros, un 11,7% más que en el mismo tiempo del ejercicio anterior (1.117 millones)», según sostiene la patronal.

De julio a septiembre de 2021, el 70,5% de las facturas emitidas registraron retraso en su pago, un porcentaje ligeramente inferior al del trimestre anterior y medio punto más que en el mismo período de 2020.

Los departamentos de contabilidad están denunciando que el plazo medio de pago se ha retrasado en general en España a los 82,5 días de julio a septiembre del curso pasado, un día más que en el trimestre anterior y ligeramente por debajo del registrado un año antes lo que dificulta el crecimiento y la inversión.

Los economistas ponen sobre la mesa que la demora en el abono de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que son las que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más, especialmente al ser también proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño, lo que provoca que se atasquen sus contabilidades y que para muchas de ellas les suponga, incluso, llegar a la quiebra.

En las grandes firmas, el período medio de pago subió en 4,2 días, aunque hay que destacar que son, sin embargo, las que menos tiempo tardan (68,1 días).

Por su parte, las microempresas redujeron en el tercer trimestre el plazo medio de pago hasta los 76,3 días, frente a los 77,6 días del tercer trimestre de 2020, mientras que las pequeñas lo bajaron a 83,6 días (84,2 en el mismo tiempo de 2020) y las medianas sociedades pasaron de 85,8 días en el tercer trimestre de 2020 a 84,4 días en la misma etapa de 2021.

Por ramas de actividad, la construcción y promoción, junto con el sector textil, se mantienen como las actividades con mayores retrasos en los pagos, alcanzando los 103,3 y 99,6 días de períodos medios, respectivamente.

Sanciones

La gravedad de esta situación ha llevado al Ejecutivo ha estudiar la ley Crea y Crece que tendrá por objeto, no solo impulsar la creación de empresas en el ámbito nacional, sino, además, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio imponiendo, si es necesario, sanciones a aquellas compañías que se alejen de los plazos de pago fijados legalmente.

En este sentido, el Observatorio de la Morosidad de Cepyme está trabajando en propuestas para «contrarrestar los efectos perjudiciales» que la organización empresarial ha detectado. Así, aunque valora el esfuerzo del Gobierno al apostar por el crecimiento empresarial a través de esta ley, advierte de que la inclusión de determinadas sanciones, como la pérdida de acceso a fondos europeos para empresas con morosidad o la indeterminación acerca de los procedimientos para llevar a cabo dichas represalias, «puede resultar muy perjudicial para muchas pequeñas y medianas empresas».

Los economistas consideran imprescindible tener en cuenta la situación que atraviesan buena parte de las pequeñas y medianas sociedades que, tras estos dos años de crisis, han sufrido una importante caída de su actividad empresarial, un deterioro de sus balances y una pérdida de liquidez, que se ha visto agravada por la falta de compensaciones.

Por ello, consideran imprescindible incorporar criterios de proporcionalidad y progresividad a las sanciones, que se diferencien entre grandes y pequeñas y medianas empresas, así como establecer grados de penalización, según las cuantías o los plazos, y tener en cuenta la morosidad de las administraciones, que «en muchas ocasiones, son el origen de esta lacra del sector privado».