Las batallas se dan para ganarlas y si se plantean mal, acaban convirtiéndose en una derrota. Es lo que sucede casi siempre con Vox, que acaba dividiendo a los cercanos y dando alas a los adversarios. Ampliar la ley del aborto y permitir que las menores de 18 años aborten sin conocimiento ni consentimiento paterno, no es una demanda ni una prioridad. No lo digo yo, lo dice Adela Cortina, nada cercana a Vox, por cierto. El aborto, lo dice también ella, es una catástrofe. Eliminar una vida humana no es inocuo, es un fracaso social y un trauma para la mujer que lo padece. En España, en los años de aplicación de la ley llevamos casi un millón de abortos, un millón de seres humanos concebidos a los que se ha negado su derecho a la vida. Un millón de fracasos sociales, un millón de dramas personales que suponen angustia, miedo y dolor, un millón de interrupciones violentas de la vida de un ser vivo --una evidencia imposible de negar-- indefenso y desprotegido social y jurídicamente.

Para una operación de apendicitis, los médicos exigen firmar un consentimiento informado y explican al paciente los problemas que pueden ocurrir en la intervención. Para un aborto, no solo se han eliminado los tres días de reflexión, no sólo se excluye la intervención de profesionales preparados o del entorno familiar de las menores siempre que sea posible, no sólo se excluye también al padre de ese nasciturus, sino que se critica que se ofrezca a la embarazada la posibilidad de ver al ser que ha engendrado o escuchar los latidos de su corazón. Imaginen ustedes lo que diría esta izquierda hipócrita si se les pusiera a las mujeres que desean abortar el video de la destrucción del feto. Nuestras leyes castigan con dureza los atentados contra especies protegidas, la matanza o el abandono de una camada de cachorros, pero el aborto es un "derecho", que refuerza el derecho del más fuerte sobre el más débil. Aunque el derecho supremo sea el derecho a la vida.

¿Es lícito, posible o, incluso, conveniente tratar de reducir el número de abortos? Debería serlo. Respeto y no juzgo a la mujer que toma esa decisión, en muchos casos porque no tiene otra opción o no encuentra ayuda. Si los políticos --los que defienden el mal llamado derecho al aborto y los que se oponen a él-- fueran responsables, deberían poner en marcha medidas concretas que hagan real el derecho de cualquier mujer a ser madre. Las mujeres quieren tener más hijos, pero no pueden. Por razones económicas, sociales y laborales. Se necesitan medidas de prevención y educación --no solo sexual, también de respeto e igualdad-- en los centros educativos. Políticas reales de conciliación que afecten no solo a las mujeres sino también a sus parejas. Políticas efectivas de apoyo a la familia que favorezcan la maternidad voluntaria y la adopción. Beneficios fiscales concretos. Políticas de acceso a la vivienda que cada vez es más difícil para los jóvenes. Políticas para luchar contra la precariedad laboral de las mujeres y para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en el regreso a la vida laboral tras la maternidad. Guarderías gratuitas. Medidas de acompañamiento a las mujeres con embarazos problemáticos o inesperados. Medidas mantenidas en el tiempo. Las políticas de ayuda a las familias en Francia, Alemania o Dinamarca son el doble que en España. En Europa, sólo Malta tiene una tasa de natalidad inferior a la española. Madrid cuenta ya con más perros y gatos que niños menores de diez años. Y todo lo relativo a la natalidad lo fiamos a los inmigrantes.

El aborto crea depresión, angustia y ansiedad y no es solo un problema moral, es también un problema social. Si hubiera ayudas reales, asistencia y acompañamiento, disminuirían las cifras de abortos estratosféricamente. A muchos políticos les preocupa más proteger el derecho al aborto que proteger de verdad a la mujer y garantizar una natalidad sostenible, un futuro sostenible.

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