El Gobierno ha autorizado este martes a las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia, Castilla y León y Aragón a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo, pudiendo hacer estas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2022.

En el caso de Castilla y León, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza a Castilla y León la posibilidad de formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo, por un máximo de 2.288 millones de euros.

En concreto, se le ha autorizado a esta comunidad a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por 1.188 millones de euros, para atender las necesidades financieras de 2022, de las que la mayor parte se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo del ejercicio.

Por otra parte, esta comunidad ha solicitado autorización para la formalización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería en 2022, que, conforme a sus previsiones presupuestarias, ascienden a 1.100 millones de euros.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 5.173,8 millones de euros.

En concreto, este acuerdo autoriza a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por 3.327,6 millones, que, en su mayor parte, se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que se integra en el sector Administraciones Públicas.

Por otra parte, la región capitalina ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la renovación anual de las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería con diversas entidades financieras y a la cobertura de necesidades transitorias de tesorería de empresas públicas, clasificadas en el Sector Administraciones Públicas de la Comunidad, por un total de 1.846,25 millones de euros.